Justicia tardía: siete años de litigio por un atropello en Ourense

El Tribunal Supremo ha puesto fin a un proceso judicial que se prolongó durante siete años en el caso de un vecino de Ourense atropellado cuando circulaba en bicicleta. La resolución, notificada el mismo día en que el afectado cumplía 40 años, confirma su derecho a una indemnización y cierra una etapa marcada por la incertidumbre y el sufrimiento.

El accidente ocurrió en una vía urbana cuando un vehículo que salía de un garaje embistió al ciclista. Las lesiones fueron graves: hernias discales, dolor constante y un prolongado período de hospitalización que obligó a la víctima a permanecer postrada durante más de un año. Un giro radical que le impidió trabajar y afrontar los gastos cotidianos.

Un accidente que truncó una vida

La víctima, que entonces tenía poco más de treinta años, había adquirido recientemente una bicicleta para sus desplazamientos. Aquella mañana, apenas unos instantes después de iniciar la marcha, un conductor que salía sin visibilidad suficiente la arrolló. El impacto fue violento, perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

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Las secuelas físicas fueron devastadoras: además de hernias, sufrió lesiones musculares y nerviosas que le causaron un dolor persistente. Los médicos prescribieron reposo absoluto, lo que significó pasar más de un año en cama. Durante ese tiempo, dependió de sus familiares para las tareas más básicas y vio cómo su proyecto de vida se desmoronaba.

Un largo periplo judicial

Iniciado el proceso, la lucha por el reconocimiento de sus derechos se convirtió en una nueva fuente de angustia. La parte contraria recurrió las sentencias favorables, alargando el procedimiento. El caso pasó por varias instancias: el juzgado de primera instancia, la Audiencia Provincial y, finalmente, el Tribunal Supremo. Cada etapa consumió meses e incluso años, durante los cuales la víctima no recibió compensación alguna.

La espera fue especialmente dura porque las necesidades económicas eran acuciantes. Los tratamientos médicos, la rehabilitación y la pérdida de ingresos generaron una deuda creciente. El sistema judicial, en lugar de proporcionar una solución ágil, se convirtió en un obstáculo adicional. El afectado tuvo que armarse de paciencia y confiar en que la justicia terminaría por llegar, aunque tarde.

La asignatura pendiente de la justicia civil

Este caso no es una excepción. Los tribunales españoles arrastran una sobrecarga de trabajo que provoca demoras sistemáticas en los litigios civiles, especialmente en reclamaciones por accidentes de tráfico. Mientras los plazos se alargan, las víctimas ven agravada su situación: las lesiones no esperan, los gastos se acumulan y la salud mental se resiente. La justicia, concebida para reparar daños, termina por añadir un perjuicio adicional: el tiempo perdido.

Se ha denunciado en numerosas ocasiones que la duración de estos procedimientos puede alargarse considerablemente, y que los recursos a instancias superiores duplican ese plazo. El resultado es que muchas personas desisten de reclamar o aceptan acuerdos por debajo de lo justo con tal de cerrar el asunto. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue siendo una tarea pendiente que los sucesivos gobiernos no han abordado con la profundidad necesaria.

Una victoria agridulce

La sentencia del Supremo supone un respaldo legal para la víctima. Sin embargo, los siete años de espera han dejado huellas profundas. Las secuelas físicas son irreversibles en buena medida, y los ingresos perdidos no se recuperarán. La indemnización, aunque necesaria, difícilmente compensará el desgaste emocional y las oportunidades laborales que se quedaron en el camino.

Con el fallo, el afectado obtiene la razón que había reclamado durante tanto tiempo, pero nada puede devolverle los años de incertidumbre. La justicia tardía, como se ha dicho tantas veces, no es justicia.