La titular del juzgado que instruye la investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que informe «inmediatamente» —en el plazo de diez días— sobre si llevó a cabo labores de mantenimiento en la denominada zona cero el 3 de marzo, en qué consistieron esos trabajos y si se produjo acumulación o retirada de material, así como el lugar donde fue depositado y las actuaciones realizadas sobre él.

En una providencia fechada el 12 de marzo, la magistrada reclama datos concretos sobre cualquier intervención de la entidad en el entorno del siniestro, con el objetivo de preservar la cadena de custodia de las pruebas y garantizar que la investigación no se vea afectada por operaciones no autorizadas. Además del detalle de las tareas, la instructora pide que se precise la ubicación exacta de los materiales retirados y las condiciones en las que quedaron custodiados.

Se trata de la segunda advertencia judicial que recibe Adif por intervenciones en el lugar del accidente sin permiso expreso. A finales de febrero, la Guardia Civil comunicó a la jueza Cristina Pastor que la empresa había retirado fragmentos de carril «sin advertirlo ni solicitarlo» y que, supuestamente, también se realizaron pruebas sobre esos elementos.

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La secuencia de comunicaciones entre las partes añade complejidad al expediente. El 2 de marzo, Adif informó al Juzgado de Instancia de Montoro —donde se tramita la causa— de que tenía previstas labores la noche del 3 al 4 de marzo; la jueza respondió el 4 de marzo prohibiendo actuar en la zona sin un preaviso de quince días, lo que dejó la incógnita de si la empresa ya había intervenido con anterioridad.

En su escrito, Adif detalló que planeaba sustituir una sección de carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 en sentido Madrid y aseguró que el carril retirado quedaría «debidamente custodiado» en la base de mantenimiento de Hornachuelos, a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo requiriera. La instrucción judicial exige ahora la confirmación de que así fue y la información sobre cualquier manipulación posterior de esos elementos.

La providencia del 12 de marzo también responde a una petición previa de la propia empresa sobre los límites para intervenir en la zona afectada. Adif había propuesto que el denominado «tramo de Adamuz» comprendiera los puntos kilométricos 317,585 y 318,785 de la línea 010 en ambas vías, explicando que en ese espacio se habían realizado las labores necesarias para restituir el servicio ferroviario.

El juzgado, sin embargo, concluye que su control judicial abarca un área más amplia de la que planteó el administrador y reclama que se concrete cualquier actuación fuera del perímetro señalado, así como la localización exacta de materiales y restos. La instrucción insiste en la necesidad de un control estricto sobre cualquier operación que pueda comprometer pruebas relevantes para esclarecer las causas del siniestro.

Con el plazo de diez días ya fijado, la investigación sigue abierta y las autoridades judiciales esperan la respuesta de Adif para decidir los pasos siguientes. La diligencia subraya la prioridad de preservar pruebas y mantener la cadena de custodia mientras avanza la investigación sobre el accidente de Adamuz.