La Justicia vincula a exalto cargo con tres redes ilegales

Un exalto funcionario gallego, que ocupó un puesto clave en el gobierno autonómico durante la etapa previa al actual mandato, se encuentra ahora en el centro de una trama judicial que trasciende lo administrativo para adentrarse en lo penal. Fuentes judiciales confirman que está señalado como cabeza visible de tres estructuras paralelas dedicadas a la manipulación de contratos, adjudicaciones irregulares y desvío de fondos públicos. Su nombre, hasta hace poco sinónimo de eficiencia técnica, ahora resuena en los pasillos de los juzgados de Pontevedra y Santiago.

Un ascenso entre sombras

Quien fuera pieza fundamental en la administración autonómica durante varios años no llegó al cargo por casualidad. Su perfil técnico, frío y calculador, le valió el respaldo de círculos de poder bien establecidos. Se le consideraba un hombre de confianza, capaz de moverse entre comisiones, órganos asesores y consejos restringidos con una habilidad poco común. Nadie dudaba de su influencia. Pero ahora, esa misma capacidad de influir en decisiones clave se ha convertido en el eje de una investigación que crece semana a semana.

Lo cierto es que no es menor el dato: tres redes delictivas, aparentemente independientes, convergen en una misma persona. Una, ligada a la gestión de residuos en zonas rurales de la comarca del Ribeiro. Otra, en torno a contratos menores del sector sanitario que dejaron fuera a empresas locales. La tercera, relacionada con obras de infraestructura en parques naturales, con licitaciones que se adjudicaron sin publicidad suficiente y a precios claramente inflados. Difícil no ver un patrón.

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La sombra de lo administrado

El modus operandi, según las pesquisas, no era la violencia ni el escándalo. Era, más bien, la burocracia bien orquestada. Cambios de criterios técnicos a última hora, informes favorables firmados por perfiles cuestionables, empresas fantasma que aparecían y desaparecían sin rastro claro de actividad real. Todo envuelto en un lenguaje neutro, pulido, que difícilmente levantaba sospechas en el día a día de la administración.

Un responsable del sector, que prefirió no dar su nombre, señaló que “había cosas que no cuadraban desde hace tiempo”. “Por ejemplo, en un pueblo de Ourense, se licitó una obra de saneamiento por más del doble del presupuesto de mercado. Y con una única oferta presentada. Eso no es casualidad, es diseño.” La cifra habla por sí sola.

Basta con mirar algunos expedientes ya desclasificados: empresas con domicilios en naves industriales vacías, capitales sociales ridículos, pero adjudicadas por miles de euros. Y en medio, una figura que aparece una y otra vez, no como titular formal, sino como coordinador, como asesor, como quien da el visto bueno definitivo. Demasiado tiempo.

El silencio de los cómplices

Lo más inquietante no es que existan redes ilegales —a nadie se le escapa que, de vez en cuando, algo así puede ocurrir—, sino que hayan podido operar durante años sin que nadie alzara la voz. Fuentes municipales de varios concellos afectados admiten que “algunas decisiones no las entendíamos, pero no se podía cuestionar al referente técnico”. Esa figura, en su momento, tenía el beneplácito de quienes mandaban. Y el silencio cómplice de otros.

Conviene recordar que, en el pasado reciente, otra trama similar sacudió la política local en la provincia de Lugo, con dimensión también nacional. Entonces, se habló de amiguismos, de círculos cerrados, de una forma de hacer política que ya parecía del siglo pasado. Ahí está la clave: no se trata de un caso aislado. Se trata de un sistema. Y este nuevo escándalo puede ser solo la punta del iceberg.

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