La constructora Opain ha detenido y retirado sus máquinas de las obras en la avenida de Portugal, esquina Carriarico, tras acumular tres mensualidades impagadas por el Concello de Ourense, que ha dejado al proyecto en suspenso y pone en riesgo una subvención europea del 1,4 millones de euros. El bloqueo, que se conoció en marzo de 2026, evidencia un problema de liquidez y gestión que afecta a varios contratos municipales y está ahuyentando a los licitadores. El origen del parón hay que buscarlo en una deuda no contabilizada y en retrasos persistentes en los pagos a proveedores. La situación ha obligado a las empresas a replantearse su participación en obras públicas en la ciudad.

La paralización de la intervención viaria que tenía un presupuesto cercano a 5,9 millones de euros solo ha sido el caso más visible de un problema más amplio: a inicios de 2025 el Concello acumulaba facturas por valor de 30,9 millones de euros sin tramitar, según los registros que afloran en informes y denuncias públicas. Esas facturas, ocultas en cajones administrativos, no aparecen en el presupuesto oficial y han provocado que Hacienda haya intervenido parcialmente las cuentas municipales. La falta de transparencia impidió además que el Ayuntamiento actualizase la información económica a finales de 2025, con el consiguiente castigo institucional.

El retraso medio de pago a proveedores que sí figura en los registros alcanzó en enero los 57,79 días, el doble del límite legal aceptable, lo que sitúa a Ourense entre las capitales que más tardan en atender sus facturas. Para intentar corregir la morosidad, el Estado impuso un préstamo obligatorio que alivió parcialmente la situación, pero no resolvió el problema de fondo. La retención de la Participación en los Ingresos del Estado desde diciembre, una medida sin precedentes que solo afecta a esta ciudad, ha subrayado la gravedad del descontrol financiero.

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La consecuencia directa en el mercado de contratación pública ha sido el desierto o la mínima concurrencia en licitaciones recientes. Proyectos estratégicos como la redacción del proyecto de demolición en Avenida das Caldas 36 no recibieron ofertas, y la rehabilitación de la Pasarela do Vao, valorada en 768.345 euros, también quedó desierta, según fuentes municipales y empresas consultadas. Ante la falta de interesados, el Concello tuvo que recurrir a la adjudicación por contrato menor para actualizar ideas y tratar de rescatar los procedimientos fallidos; un encargo de apenas 5.445 euros ilustra la precariedad de la situación.

Empresas de mayor tamaño han optado por no concurrir a los concursos ourensanos, mientras que los trabajos que sí se adjudican quedan en manos de un reducido grupo de compañías que soporta la carga de los proyectos locales. Ese núcleo que sigue presentándose a licitaciones suele aceptar condiciones que otras constructoras consideran de alto riesgo por la demora en los pagos. El resultado es un encarecimiento indirecto y una reducción de la competencia, lo que deteriora la calidad y la eficiencia de las obras públicas.

Desde el Ayuntamiento, la respuesta oficial ha sido variada y en ocasiones evasiva; el equipo de gobierno ha achacado la situación a factores externos, a herencias de gestiones previas y a supuestos errores de las empresas o de la propia estructura administrativa. Varios concejales han defendido que se trabajan soluciones técnicas y financieras para normalizar los pagos, pero la falta de información actualizada sobre la deuda y la ausencia de un calendario claro siguen generando desconfianza entre proveedores y sindicatos. La oposición y agentes económicos exigen mayor transparencia y medidas concretas.

El freno a la obra de la avenida de Portugal no solo amenaza la ejecución del proyecto y la recepción de fondos europeos del plan Next Generation, sino que también tiene efectos en cadena sobre el empleo y las subcontratas locales. Trabajadores y pymes vinculadas al sector de la construcción han mostrado su preocupación por impagos y retrasos que comprometen su actividad cotidiana. Para estos proveedores, la situación supone un riesgo de tesorería que puede derivar en cierres o despidos si no se desbloquean los flujos de caja.

El control de Hacienda y la intervención parcial de los ingresos municipales buscan forzar una reacción del Concello, pero hasta ahora no han supuesto una recuperación inmediata de la normalidad contractual. El escenario plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno local para ejecutar obras y gestionar recursos comunitarios en los próximos meses. Mientras tanto, la imagen de Ourense como destino fiable para la inversión pública se resiente, con el consiguiente coste reputacional que puede tardar años en revertirse.

La salida pasa por auditar las cuentas municipales, publicar datos actualizados sobre la deuda y establecer un plan de pagos creíble que devuelva confianza a empresas y entidades financiadoras. Sin ese pulso de transparencia y gestión, los proyectos paralizados y las licitaciones desiertas seguirán marcando la agenda urbana, con un coste económico y social que ya empieza a notarse en barrios y empresas de la ciudad.