La UCO registra Ferraz por fondos de la SEPI

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) irrumpieron en la sede nacional del PSOE, en Madrid, en una operación inédita que sacude la política española. El foco: rastrear el destino de fondos públicos gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante años recientes. La presencia militarizada en Ferraz no deja indiferente a nadie. El partido en el poder, con sede en la madrileña calle de Ferraz desde 1997, nunca había sido escenario de un registro de estas características.

La operación forma parte de una pieza judicial derivada de una investigación más amplia sobre la gestión de empresas públicas y transferencias millonarias en plena crisis económica. No es menor el dato: la SEPI, instrumento clave del Ejecutivo para sostener empresas estratégicas, gestionó más de 20.000 millones entre 2020 y 2023. Ahí está la clave. El flujo de dinero, en muchos casos urgente y aprobado con celeridad, ahora levanta sospechas sobre posibles desvíos o favores encubiertos.

Un rastreo sin precedentes

Nadie en el entorno del partido esperaba una entrada policial. Fuentes judiciales confirmaron que los agentes actuaron con documentación judicial, buscando carpetas, correos electrónicos y registros de reuniones entre cargos del PSOE y directivos de la SEPI. No se produjeron detenciones, pero el impacto simbólico es brutal. Difícil encontrar un paralelismo en la historia reciente de la democracia: la sede de un partido gobernante, registrada por orden judicial en busca de indicios de malversación.

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Conviene recordar que la SEPI intervino en compañías como Renfe, Correos, Navantia o incluso en bancos durante la pandemia. En muchos casos, los convenios se cerraron con rapidez. Demasiado rápido. La cifra habla por sí sola: más de 1.200 millones destinados a empresas con vínculos laborales o familiares con cargos del entorno socialista. No parece casualidad. Basta con mirar los informes del Tribunal de Cuentas de 2022 y 2023, donde ya se alertaba de “falta de transparencia” en la adjudicación de contratos vinculados a estos fondos.

Uno de los puntos más delicados gira en torno a una empresa del sector energético, con sede en Vigo, que recibió 87 millones en 2021 sin concurso público. La firma, hasta entonces en concurso de acreedores, fue rescatada bajo un acuerdo blindado por la SEPI. Meses después, uno de sus consejeros pasó a ocupar un cargo de responsabilidad en una fundación ligada al PSOE gallego. Nadie niega que el rescate fue necesario. Pero sí se cuestiona el trato de favor y las puertas giratorias.

La sombra de las empresas públicas

La SEPI no es un banco. Es un brazo ejecutor del Gobierno, con capacidad para inyectar capital, nombrar consejeros y decidir el futuro de grandes compañías. Su opacidad ha sido señalada reiteradamente por organismos europeos. En 2023, la Fiscalía Anticorrupción ya abrió diligencias por “posible tráfico de influencias” en la designación de altos cargos en empresas intervenidas. Ahora, la UCO da un paso más: salta del ámbito empresarial al político.

Un responsable del sector público, que pidió no ser identificado, señaló que “la línea entre intervención necesaria y clientelismo está cada vez más difusa”. Y no falta razón. Desde que se aprobaron los fondos europeos, muchos partidos regionales han impulsado proyectos con financiación estatal. Pero en Galicia, por ejemplo, al menos seis sociedades municipales ligadas a ayuntamientos socialistas recibieron subvenciones de entes dependientes de la SEPI. Una red compleja, con entramados jurídicos en Lugo, A Coruña y Pontevedra.

En uno de los casos, un consistorio de la comarca de O Salnés destinó 3,2 millones a una cooperativa de energías renovables. El proyecto, nunca acabado, contó con informes técnicos cuestionados por ingenieros municipales. El director de la cooperativa, investigado ahora en otra causa por falsedad documental, mantenía reuniones periódicas.

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