Xunta demanda al Estado por limpiar pellets en Toconao

La Xunta ha decidido llevar al Estado ante los tribunales por los costes derivados de la limpieza de pellets vertidos tras el incidente del buque Toconao. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció la presentación de un procedimiento contencioso-administrativo para reclamar la devolución de los 2,3 millones de euros que la comunidad destinó a los trabajos de retirada de microplásticos y restauración de playas a finales de 2023.

La acción abre un pulso jurídico con el Ejecutivo central sobre la responsabilidad y la financiación de las labores de saneamiento en la costa gallega.

## Qué reclama la Xunta

Según el anuncio oficial, la Xunta busca que el Estado asuma o reponga los costes que pagó la administración autonómica para limpiar las zonas afectadas.

La cifra reclamado, 2,3 millones, engloba los servicios contratados para la retirada de pellets, la logística y la gestión de residuos generados durante la intervención.

• Lugares afectados: playas e inmediaciones donde se encontraron microplásticos, entre ellas puntos turísticos de gran afluencia.
• Actuaciones: barrido manual, cribado de arena y transporte de residuos peligrosos.
• Plazo: trabajos realizados tras el vertido de finales de 2023.

## Motivos y argumento jurídico

La Xunta sostiene que, dado el origen del vertido y la competencia sobre emergencias marítimas, el Ejecutivo central debe responder por los costes extraordinarios.

Rueda formalizó la opción del contencioso tras agotar vías previas de reclamación administrativa, informaron fuentes autonómicas.

El procedimiento buscará fijar la obligación de reembolso y, en su caso, determinar responsabilidades sobre la gestión del incidente.

## Contexto y precedentes

El episodio del Toconao desató una movilización amplia para contener la difusión de pellets, partículas plásticas que se dispersan con facilidad y resultan difíciles de retirar.

En Galicia, las labores implicaron a brigadas especiales, empresas de gestión de residuos y administraciones locales y autonómicas.

Casos similares en otras costas han generado disputas sobre quién debe asumir los costes: la naviera, el propietario de la carga, el gestor del puerto o las administraciones públicas.

## Reacciones y posibles impactos

El anuncio de la Xunta puede abrir un recurso judicial prolongado que señale criterios sobre la financiación de limpiezas por vertidos de microplásticos.

Fuentes del gobierno central aún no han hecho público un posicionamiento formal sobre esta reclamación concreta.

Para el sector turístico y pesquero local, la devolución de los costes supondría un alivio financiero y un precedente para futuras emergencias.

• Administración autonómica: iniciativa para recuperar recursos y fijar responsabilidad.
• Ejecutivo central: pendiente de responder en sede administrativa o judicial.
• Vecinos y empresas locales: preocupación por impacto medioambiental y reputación.

## Próximos pasos

La Xunta presentará la demanda contencioso-administrativa en los plazos que marca la ley y aportará la documentación de gasto y las actas de intervención.

En los tribunales, será clave demostrar la relación directa entre el vertido del Toconao y los costes soportados por la comunidad.

La resolución judicial marcará no solo el destino de los 2,3 millones, sino también criterios de reparto de responsabilidades ante vertidos de microplásticos en el litoral.

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