jueves, 14 de mayo de 2026 | Galicia, España
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Los concellos redoblan esfuerzos ante la avalancha de regularizaciones

Los concellos redoblan esfuerzos ante la avalancha de regularizaciones

Las administraciones locales gallegas están reforzando sus equipos para atender un aluvión de solicitudes de regularización de viviendas y construcciones. El fenómeno, que afecta especialmente al rural, ha puesto al límite la capacidad de respuesta de los consistorios. La falta de técnicos y la burocracia amenazan con alargar plazos que muchos vecinos ya consideran insoportables.

Un colapso anunciado que multiplica los expedientes

En los últimos meses, los concellos de toda Galicia han visto cómo las peticiones para legalizar edificaciones se incrementaban de forma exponencial. Nadie esperaba un volumen tan elevado de solicitudes en tan poco tiempo. Algunas alcaldías han tenido que habilitar oficinas técnicas temporales y contratar personal auxiliar para evitar que el sistema se bloquee por completo. La cifra habla por sí sola: más de 3.000 expedientes solo en la comarca de Barbanza, según fuentes municipales. En la de O Salnés, la cifra roza los 2.500. Demasiado tiempo acumulado.

Conviene recordar que la normativa urbanística gallega permite acogerse a un procedimiento simplificado siempre que las construcciones sean anteriores a una fecha concreta. Sin embargo, la burocracia y la falta de personal han convertido lo que debería ser un trámite ágil en una carrera de obstáculos. Quien haya intentado legalizar una casa en el rural sabe que los papeles pueden dormir años en un cajón. Los vecinos expresan su frustración ante la demora.

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La escasez de técnicos frena el proceso

Difícil encontrar un concello que no reclame más arquitectos, ingenieros o aparejadores. La falta de personal cualificado en las administraciones locales es el principal cuello de botella que afronta la regularización. Un responsable urbanístico de un ayuntamiento de Pontevedra reconoce la necesidad de triplicar la plantilla para atender el volumen actual en los plazos legales.

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No es menor el dato de que muchos consistorios comparten técnicos con los de la comarca para estirar los recursos. En lugares como la comarca de Deza, una sola persona debe gestionar expedientes de varios municipios a la vez. El riesgo de que una mala praxis derive en responsabilidades patrimoniales es real. Las diputaciones han ofrecido apoyo, pero los plazos se alargan. A nadie se le escapa que la situación refleja años de desinversión en los servicios técnicos municipales.

Una oportunidad para fijar población en el rural

Quien conozca la Galicia interior sabe que la regularización de viviendas es mucho más que un papeleo. Legalizar una casa permite al propietario acceder al suministro de agua, a la conexión eléctrica regulada o a la fibra óptica. En el rural, esto puede marcar la diferencia entre que una familia se quede o emigre a la ciudad. En comarcas como A Ulloa o Terra de Melide, donde muchas viviendas carecen de licencia, la regularización masiva se ve como una oportunidad histórica para poner orden en el territorio y garantizar derechos básicos. Basta con mirar los mapas de la Consellería de Medio Ambiente para comprobar el número de edificaciones fuera de ordenación que salpican las parroquias.

No obstante, el proceso no está exento de polémica. Asociaciones ecologistas han alertado del riesgo de legalizar construcciones en suelo rústico de protección ordinaria sin los informes preceptivos, lo que podría provocar daños medioambientales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha advertido en varias sentencias sobre la necesidad de cumplir con la legalidad urbanística, pero los concellos se ven atrapados entre la presión social y las exigencias normativas.

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.

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