Los socialistas del municipio ourensano de A Merca presentaron el 17 de marzo de 2026 una queja ante la Defensora del Pueblo de Galicia tras denunciar un presunto hostigamiento y la vulneración de su derecho a participar en los asuntos públicos. Según la denuncia, el alcalde del PP y un concejal del mismo grupo cerraron la posibilidad de intervenir en un pleno para evitar la lectura de impugnaciones y advertencias sobre cuestiones de seguridad vinculadas a los presupuestos de 2026. El portavoz socialista asegura que estos hechos constituyen una “parálisis deliberada” de las funciones de la oposición.

La iniciativa fue formalizada por Carlos Sousa, portavoz local del PSOE, quien atribuye la coordinación del incidente al regidor municipal, Jose Manuel Garrido, y al concejal Rosendo Fernández. En el escrito remitido a la institución autonómica se solicita que se investigue la conducta del equipo de gobierno y se protejan los derechos políticos de los representantes de la oposición.

El conflicto se originó, según los socialistas, después de que el grupo municipal socialista consiguiera forzar la emisión de un informe de Secretaría que alertaba de «riesgos graves en materia de seguridad pública» relacionados con partidas incluidas en los presupuestos de 2026. En el pleno posterior, la alcaldía negó la palabra a los concejales socialistas cuando intentaron leer las impugnaciones y las advertencias relativas a esas deficiencias.

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La queja ante la Defensora del Pueblo

En la queja registrada se arguye una doble vulneración: por un lado, el derecho de los representantes electos a intervenir en el debate municipal; por otro, un hostigamiento que, en palabras del PSOE local, tuvo carácter coordinado. El escrito pide a la Defensora que analice si la conducta del equipo de gobierno contravino la normativa de transparencia y participación vigente.

«Hemos sufrido un ataque colectivo de descalificaciones y se ha impedido deliberadamente que cumplamos con nuestras obligaciones de control y fiscalización», afirmó el portavoz socialista al presentar la queja.

El informe de Secretaría que motivó las impugnaciones habría advertido de deficiencias en partidas con repercusiones en la seguridad pública; la formación socialista sostiene que la negativa a permitir la lectura de esas observaciones buscó silenciar esas advertencias y obstaculizar el ejercicio del control municipal.

Reacciones y posibles pasos

Hasta el cierre de esta edición no constaba una respuesta pública del equipo de gobierno del PP en A Merca ni de los ediles señalados en la denuncia. En muchos ayuntamientos, la presentación de este tipo de quejas ante la Defensora del Pueblo suele implicar un requerimiento de información al municipio para esclarecer los hechos y la posible mediación del órgano autonómico.

La Defensora del Pueblo de Galicia, al recibir una queja formal, puede solicitar actas de plenos, escritos oficiales, y declaraciones de las partes implicadas para determinar si existe una vulneración de derechos y proponer recomendaciones o actuaciones correctoras. En este caso, la resolución podrá aclarar si las limitaciones impuestas en el pleno respondieron a causas procedimentales justificadas o a un intento de coartar la labor de la oposición.

El episodio en A Merca se inscribe en un panorama local donde los enfrentamientos entre grupos municipales no son infrecuentes, sobre todo cuando existen discrepancias en materia económica y de seguridad. Los socialistas advierten del riesgo que supone omitir o minimizar advertencias técnicas sobre seguridad en los presupuestos municipales, y anuncian que seguirán utilizando las vías administrativas y judiciales que consideren necesarias para garantizar el control democrático.

La tramitación de la queja y la eventual respuesta de la Defensora del Pueblo marcarán los próximos pasos. Mientras tanto, el PSOE local pide transparencia y que el pleno municipal recupere las garantías para que la oposición pueda ejercer su función de fiscalización sin coacciones ni limitaciones arbitrarias.