El pleno municipal dio luz verde este jueves a la ordenanza que regulará el acceso de vehículos al centro histórico. Las sanciones no llegarán hasta el verano de 2027. En paralelo, la alcaldesa impulsa una mesa de trabajo para habilitar un espacio de baño en el río con el mismo espíritu de acuerdo que permitió la nueva sede de la Protectora.
Pocas veces un pleno municipal concentra tanto futuro en una sola sesión. Lo ocurrido este jueves en Lugo tiene dos caras: una ya resuelta, la de la ordenanza de movilidad; y otra todavía abierta, la de recuperar el río como espacio de ocio. Ambas comparten un mismo hilo conductor: la búsqueda de consenso.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es ya una realidad administrativa. El texto salió adelante con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE y el BNG. No fue un camino fácil: el documento recibió 41 alegaciones de una decena de colectivos, un dato que da medida del debate ciudadano que ha generado la medida.
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Ver en Hotels.com → PublicidadConviene recordar que el control efectivo del tráfico en el casco histórico no será inmediato. La ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y, pasados quince días, empezará a aplicarse. Pero las multas tendrán que esperar. El calendario fijado establece una moratoria de un año para que los lucenses se familiaricen con la nueva norma. Durante ese periodo, las labores de supervisión se centrarán más en informar que en sancionar. No será hasta el verano de 2027 cuando los conductores que circulen sin permiso por el centro empiecen a recibir penalizaciones económicas.
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Ver servidores VPS →Ahí está la clave del diseño: una implantación progresiva que busca la pedagogía antes que la recaudación. El Concello ha optado por la mano tendida, al menos durante los primeros meses de vigencia.
Un río como espacio de consenso
La segunda pata de la jornada tiene que ver con el agua. La alcaldesa anunció la convocatoria de una reunión de trabajo con la Xunta, la Diputación y la Confederación Hidrográfica para abordar la creación de una zona de baño público en el río. El objetivo no es otro que repetir el modelo de colaboración interadministrativa que hizo posible la nueva sede de la Protectora de Animales.
El anuncio no es menor. Hablamos de un asunto que arrastra décadas de demandas ciudadanas y que siempre ha chocado con la complejidad de las competencias compartidas. La calidad del agua, la seguridad de los bañistas y la compatibilidad con otros usos del río son cuestiones que exigen una respuesta coordinada. Y esa coordinación es, precisamente, lo que se busca con esta mesa de trabajo.
No parece casualidad que el anuncio llegue en el mismo pleno que aprobaba la ZBE. Ambas iniciativas comparten un mismo ADN político: la voluntad de transformar la ciudad con acuerdos, no con imposiciones. La alcaldesa parece haber aprendido la lección de la Protectora, donde el entendimiento entre administraciones permitió desbloquear un proyecto largamente reivindicado.
La moratoria como estrategia
La decisión de retrasar las sanciones hasta 2027 merece una lectura detenida. Por un lado, responde a la lógica de que cualquier cambio de hábitos necesita tiempo. Los conductores lucenses tendrán doce meses para interiorizar qué zonas están restringidas, qué horarios se aplican y qué vehículos pueden acceder. Durante ese periodo, los agentes municipales ejercerán una labor más divulgativa que punitiva.
Por otro lado, la moratoria también tiene una lectura política. Permite que la medida se consolide sin generar un rechazo frontal en la ciudadanía. Las 41 alegaciones presentadas por los colectivos sociales demuestran que la ZBE no ha sido un camino de rosas. Un despliegue sancionador inmediato podría haber avivado la controversia. El calendario elegido, en cambio, deja margen para la adaptación.
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