El colectivo Azos Feministas denunció este domingo, 8 de marzo de 2026, la falta de medidas de seguridad durante la manifestación convocada en Lalín con motivo del Día Internacional de la Mujer, después de que la marcha, comunicada a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y confirmada, se encontrara sin corte de tráfico ni presencia de la Policía Local. Los organizadores aseguran que decenas de participantes, entre mujeres y algunos hombres, tuvieron que improvisar barreras humanas y detener vehículos para evitar incidentes mientras reivindicaban igualdad y derechos. La protesta nació con el propósito de reclamar una sociedad más justa, pero se vio empañada por la sensación de inseguridad que, dicen, nunca debería acompañar a una movilización feminista. Los responsables de Azos Feministas critican que, a pesar de los ocho años de convocatoria, las instituciones no garanticen condiciones mínimas de seguridad.

Según la narración de las organizadoras, la manifestación fue solicitada «en tiempo y forma» y recibió la correspondiente confirmación administrativa, por lo que no hubo improvisación ni sorpresa previsibles. Aun así, al llegar al recorrido comprobaron que la calle no estaba cortada al tráfico, lo que provocó situaciones de riesgo en varios puntos del trayecto. El episodio más conflictivo se produjo en el cruce de la calle Pintor Laxeiro con la Avenida Luis González Taboada, donde algunos automóviles intentaron abrirse paso entre los manifestantes. Fue entonces cuando participantes tuvieron que abandonar temporalmente la columna para interponerse entre vehículos y peatones y llamar a la Policía Local.

Las organizadoras relatan la incertidumbre y el temor que genera verse obligadas a protegerse sin la presencia policial prevista. «Tuvimos que poner nuestros cuerpos para evitar que los coches pasasen entre la gente», indican, subrayando que esa no es una tarea que deba recaer en quienes ejercen un derecho democrático básico. La situación, además de incómoda, expuso a personas de todas las edades a riesgos innecesarios, desde empujones hasta potenciales atropellos, según explicaron testimonios de asistentes. Para Azos Feministas, la negligencia en la organización de la seguridad demuestra una carencia de compromiso por parte de las administraciones con la protección de las movilizaciones ciudadanas.

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La manifestación de Lalín forma parte de una convocatoria que Azos Feministas organiza desde hace ocho años, un lustro que, en su opinión, no ha servido para integrar la movilización en la agenda habitual de las instituciones locales. Los organizadores lamentan que, pese a la constancia y la previsibilidad de la marcha, las autoridades no hayan establecido un dispositivo fijo que garantice el corte de calles y la vigilancia necesaria. Esta crítica se dirige tanto al Ayuntamiento como a las fuerzas de seguridad locales, a las que reclaman una coordinación más efectiva con la Subdelegación del Gobierno. La repetición de este tipo de problemas, dicen, erosiona la confianza de la ciudadanía en la capacidad de gestión de crisis en el espacio público.

En el contexto del 8 de marzo, las demandas de las feministas no se limitan a cuestiones simbólicas sino que incluyen la exigencia de condiciones materiales para ejercer la protesta con seguridad. La falta de medidas adecuadas contrasta, según las organizadoras, con la normalidad con que otras convocatorias aparecen en la planificación oficial. Por ello, Azos Feministas reclama que las movilizaciones comunicadas cuenten con un dispositivo mínimo que incluya corte de tráfico, presencia de Policía Local y coordinación con los servicios municipales. Señalan además la necesidad de protocolos que protejan especialmente a colectivos vulnerables que participan en estas marchas.

El episodio de Lalín también abre un debate sobre la responsabilidad compartida entre organizadores y autoridades a la hora de garantizar la seguridad ciudadana. Aunque la comunicación administrativa es una obligación de quien convoca, la ejecución práctica de un corte de vías y la puesta a disposición de recursos de protección corresponde a instituciones competentes. La ausencia de una respuesta coordinada en esta ocasión dejó a las manifestantes en una situación excepcionalmente precaria, afirman desde Azos Feministas, que piden explicaciones públicas sobre lo sucedido. La organización advierte que no renunciará a futuras movilizaciones, pero exige garantías para que puedan celebrarse sin poner en riesgo a sus participantes.

Fuentes municipales consultadas por este periódico no ofrecieron una versión alternativa al cierre de esta edición, aunque la Subdelegación del Gobierno figura en los trámites administrativos que, según las organizadoras, confirmaron la autorización. En otras localidades, la coordinación entre ayuntamientos y fuerzas de seguridad suele contemplar un dispositivo estándar para el 8 de marzo, algo que en Lalín, a juicio de los convocantes, faltó. La reclamación es clara: no basta con admitir la comunicación de una marcha si luego no se activan los mecanismos para protegerla.

El balance de la jornada en Lalín, por tanto, es agridulce: una movilización que reunió a quienes reclaman igualdad y justicia social, pero que terminó con la sensación de vulnerabilidad entre las asistentes. Azos Feministas concluye que es imprescindible que las instituciones tomen nota y garanticen que derechos como la libertad de expresión y de reunión se puedan ejercer sin poner en riesgo la integridad de las personas. Mientras tanto, el recuerdo de esta jornada servirá, dicen, para insistir en la necesidad de protocolos claros y de una responsabilidad compartida en la organización de protestas ciudadanas.