En Galicia, el perfil mayoritario de quien pone una vivienda en alquiler es el de una mujer de alrededor de 62 años que posee más de un inmueble y está afiliada a la Seguridad Social, según el informe publicado en 2025 por el Instituto Gallego de Estadística. El estudio, que analiza la caracterización socioeconómica de propietarios e inquilinos en la comunidad, revela además que solo una minoría de la población ejerce como casera, pese al crecimiento reciente del mercado del alquiler. Los datos explican por qué, en un territorio con elevada propiedad privada de vivienda, el alquiler sigue ganando peso tanto en número de viviendas ofertadas como en personas que optan por arrendar.
El informe sitúa en el 4,4% el porcentaje de la población gallega que figura como propietaria que alquila una vivienda, una cifra baja en términos relativos pero con tendencia al alza en los últimos años. Actualmente hay en torno a 120.000 personas que arriendan inmuebles, casi un 10% más que hace dos años, cuando la cifra era 11.658 menor. Ese incremento contrasta con la percepción general de un mercado dominado por grandes tenedores y evidencia un crecimiento sostenido de la oferta residencial destinada al alquiler en la comunidad.
La inmensa mayoría de las viviendas que se ofrecen en alquiler en Galicia son residencias habituales: el 96% corresponden a domicilios que se ocupan como residencia principal, mientras que apenas un 3% se adscriben a usos de temporada o turísticos. Del total de propietarios, ocho de cada diez residen en la propia comunidad gallega, y algo más de la mitad —un 53%— habitan en el mismo municipio donde alquilan el inmueble, lo que apunta a un perfil de arrendamiento local y de proximidad.
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Conoce más →En cuanto a la situación laboral de los caseros que viven en Galicia, el estudio refleja que el 50,5% están afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa a este colectivo dentro del mercado laboral activo en su mayoría. Un 35,4% son pensionistas, por lo que el alquiler aparece en muchos casos como un complemento a la pensión, mientras que solo un 2% de los propietarios declarados están inscritos como desempleados. El resto de las situaciones profesionales no queda claramente tipificada en la estadística.
La presencia de fondos de inversión y grandes tenedores en Galicia es prácticamente testimonial frente a otras áreas metropolitanas del Estado. El informe subraya que el 97% de los titulares que ofertan viviendas en alquiler son personas físicas y que apenas hay constancia de 148 inmuebles gestionados por entidades no personales, lo que distancia el mercado gallego del fenómeno de concentración patrimonial observado en ciudades como Madrid o Barcelona.
Del lado de los inquilinos, los datos ponen de manifiesto una subida de la edad media y un aumento en el número de arrendatarios. En la comunidad hay 211.352 personas en régimen de alquiler, un 11% más que hace dos años, y la edad media de los inquilinos se sitúa en 43 años, medio año superior a la del año anterior y un año más que en 2023. Esta evolución sugiere que el alquiler deja de ser un recurso exclusivo de jóvenes en tránsito y se consolida como una opción de vida para franjas etarias más amplias.
La composición sociodemográfica de quienes viven de alquiler registra, además, una preponderancia femenina similar a la que se observa entre los propietarios. Entre los inquilinos, un 78% están afiliados a la Seguridad Social —con predominio del sector servicios—, un 4% figuran como parados registrados y un 9% son pensionistas; el resto engloba situaciones diversas como estudiantes u otros colectivos no categorizados.
El informe del Instituto Gallego de Estadística ofrece una radiografía que ayuda a entender tensiones del mercado residencial en Galicia: el aumento de la oferta y de quienes viven de alquiler convive con un perfil de casero mayoritariamente individual y local, y con un envejecimiento paulatino de la población inquilina. Esa combinación explica por qué las políticas de vivienda siguen siendo un reto, especialmente para la emancipación de los jóvenes, y por qué las soluciones deben abordar tanto la regulación del precio como el fomento de alternativas habitacionales asequibles.
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