La gestión de residuos en A Coruña vuelve al centro del debate. El gobierno local defiende que el nuevo contrato de Nostián aporta mayor «seguridade xurídica». Sin embargo, desde las filas del PP no esconden su malestar por el aumento de costes que supondrá para las arcas municipales y, en última instancia, para el bolsillo de los coruñeses.
Un contrato largamente esperado y polémico
Quien haya paseado alguna vez por la avenida de Nostián sabe que la planta de tratamiento de residuos es mucho más que un equipamiento técnico: es un símbolo de las tensiones y retos que implica la gestión ambiental en una ciudad de casi 250.000 habitantes. El nuevo contrato, anunciado tras meses de tramitación, pretende poner fin a años de incertidumbre jurídica sobre el futuro de la planta.
Fuentes del Concello aseguran que el pliego, más detallado y con una mayor cobertura legal, permitirá evitar los vacíos normativos que en anteriores ejercicios pusieron en jaque la continuidad del servicio. Hablan de estabilidad, garantías para la plantilla y un sistema de control más riguroso sobre las toneladas de residuos que entran y salen cada día. A nadie se le escapa, sin embargo, que este blindaje normativo llega con una factura más abultada.
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Conoce más →El PP pone el foco en el coste para la ciudad
No es menor el dato: la oposición, encabezada por el Partido Popular, ha hecho bandera del aumento de costes que supondrá el nuevo modelo. Desde la bancada popular recuerdan que los gastos asociados al contrato no paran de crecer y alertan de que, en un contexto de inflación y presión fiscal, trasladar ese incremento al recibo de la basura es un golpe para las familias coruñesas.
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Buscar dominio →Un responsable del grupo popular en María Pita ha manifestado en público su preocupación por la sostenibilidad financiera del servicio. Apuntan que, pese a la mayor seguridad jurídica prometida, la ciudad está asumiendo una carga económica muy superior a la de ejercicios previos. Basta con mirar las liquidaciones de los últimos años para constatar que el equilibrio entre calidad ambiental y coste económico sigue siendo una asignatura pendiente.
La «seguridade xurídica», argumento del gobierno local
Desde el ejecutivo municipal se insiste en que la seguridad jurídica no solo es deseable, sino imprescindible. Los problemas legales y contractuales que han rodeado a Nostián en la última década han generado episodios de incertidumbre que, según fuentes municipales, no pueden repetirse. El nuevo contrato, afirman, blinda el servicio ante eventuales litigios y garantiza la continuidad de la gestión, algo que consideran prioritario después de años de recursos y advertencias de los órganos fiscalizadores.
En la memoria del consistorio todavía resuena el conflicto abierto hace tres años, cuando un informe técnico puso en duda la legalidad del anterior contrato. Demasiado tiempo sin soluciones de fondo. Ahora, el Concello sostiene que el gasto extra es el precio a pagar por un sistema más robusto y transparente, en línea con las exigencias de la normativa gallega y estatal en materia de residuos.
Entre la presión social y las obligaciones legales
Difícil encontrar un tema que despierte tanto debate en la ciudad como la gestión de la basura. Los vecinos de Os Mallos o Monte Alto, por citar solo dos barrios, han reclamado en numerosas ocasiones mejoras en la recogida y el reciclaje. Conviene recordar que, en el último año, Galicia ha registrado algunos de los peores datos de reciclaje de la última década, lo que añade presión al Concello para modernizar su modelo de gestión.
Fuentes judiciales consultadas reconocen que la seguridad jurídica es un argumento que pesa en cualquier contratación pública, sobre todo en sectores tan estratégicos como el tratamiento de residuos urbanos. Sin embargo, recalcan que el control del gasto y la eficiencia deben convivir con esa seguridad.
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