Perelló en Sarria: «Cuestionar la honestidad del juez no es admisible»

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, eligió la pequeña localidad lucense de Sarria para lanzar un mensaje rotundo sobre la independencia judicial. Fue este viernes, durante la clausura de las XIX Jornadas Jurídicas ‘Román García Varela’, que se celebraron en la Casa da Cultura. Allí, ante un auditorio de abogados y juristas, Perelló marcó una línea clara: todas las resoluciones pueden ser debatidas, pero atacar la honestidad de un juez cruza un límite que no puede tolerarse.

El discurso de Sarria: defensa firme de la judicatura

«Todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate y de crítica», afirmó Perelló, «pero hay un salto cualitativo cuando esta crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible». La magistrada, que preside el máximo órgano judicial español, no se anduvo con rodeos en una intervención que duró cerca de cuarenta minutos. Dijo que la Justicia está «en permanente evolución» para mejorar el servicio al ciudadano, pero advirtió de que «todavía hay muchos problemas» que preocupan al CGPJ.

Entre esos problemas, Perelló citó la dación de cuenta telemática y la acumulación de juicios verbales sin vista en litigios masa. Cuestiones técnicas, sí, pero que revelan una preocupación de fondo: la organización de la oficina judicial no puede alejar al juez del ciudadano. «No hay tribunales sin jueces», sentenció, y ahí está la clave de su defensa. No hablaba de corporativismo, sino de un principio constitucional: el juez como garante de los derechos fundamentales.

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«Así que toda la organización de la oficina judicial y los nuevos retos, como la Inteligencia Artificial, no pueden provocar que el juez quede separado o aislado de la atención al ciudadano», subrayó. Una advertencia directa contra la deshumanización de la Justicia, que en comarcas como la de Sarria, donde los juzgados atienden a una población dispersa, tiene un eco particular.

La sombra de las presiones sobre el Estado de Derecho

Perelló fue más allá y puso sobre la mesa una realidad incómoda: los jueces se convierten «en objeto de ataques y críticas» que olvidan su papel esencial. Citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recordar que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para la sociedad democrática. «Todo intento de injerencia en la independencia judicial, sea pública o privada, supone una amenaza para el Estado de Derecho», afirmó con contundencia.

Conviene recordar que no es la primera vez que la presidenta del Supremo alza la voz contra las presiones. En los últimos meses, han trascendido casos de jueces sometidos a campañas de descrédito en redes sociales y medios afines a determinados sectores políticos. La propia Isabel Perelló ha sido objeto de críticas por su gestión, pero en Sarria dejó claro que el debate sobre las resoluciones es legítimo; el ataque personal, no. «Los jueces deben ser protegidos de presiones o injerencias externas, o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio», remachó.

Basta con mirar el contexto europeo para entender la preocupación. Países como Polonia o Hungría han visto cómo sus gobiernos erosionaban la independencia judicial bajo el pretexto de reformas. Perelló, al mencionar la doctrina del TJUE, trazó un paralelismo evidente: lo que está en juego no es el interés corporativo de los jueces, sino la «propia sociedad democrática». La cifra habla por sí sola: en España, según datos del CGPJ, las denuncias por injerencias en la labor judicial han aumentado un 15% en los últimos dos años.