La transparencia en la selectividad: un examen a la confianza institucional

La polémica en torno a las pruebas de acceso a la universidad en Galicia ha trascendido el mero debate técnico para convertirse en un síntoma de una tensión latente entre la administración autonómica y las instituciones académicas. Las recientes declaraciones del máximo responsable de Educación en la comunidad no solo han elevado el tono del discurso público, sino que han puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto el sistema actual de organización de la PAU garantiza la igualdad de oportunidades y la fiabilidad del proceso?

Lejos de ser un incidente aislado, los problemas detectados en las últimas convocatorias —que han afectado a materias como Historia de España o Dibujo Técnico— revelan fallos sistémicos que exigen una revisión en profundidad. No se trata simplemente de errores administrativos, sino de la necesidad de establecer protocolos más robustos que eviten la improvisación y la opacidad. La ciudadanía, y en especial los miles de estudiantes que se juegan su futuro en estas pruebas, merecen un sistema blindado frente a cualquier sombra de duda.

El peso de la responsabilidad pública

Cuando un alto cargo institucional utiliza términos como «carrusel de incidencias» y exige «depurar responsabilidades», está enviando un mensaje claro: la paciencia se ha agotado. Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es si esta reacción, por legítima que sea, no debería ir acompañada de una autocrítica sobre el papel de la propia administración en la supervisión del proceso. La gestión de la PAU es un entramado complejo que involucra a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), a las tres universidades públicas y a la Consellería. Señalar a los demás sin asumir cuotas de corresponsabilidad puede resultar insuficiente si lo que se busca es una solución estructural.

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En cualquier caso, lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema universitario gallego. Cada año, cerca de 13.000 jóvenes se enfrentan a esta prueba con la esperanza de acceder a la carrera deseada. Cualquier sospecha de descoordinación o de criterios de corrección poco claros puede generar una desconfianza que tarde años en repararse. Por eso, la exigencia de transparencia no es un capricho, sino una obligación democrática.

Lecciones de otros sistemas: ¿qué se puede mejorar?

No es la primera vez que un proceso de selectividad genera controversia en España. Comunidades como Cataluña o Madrid han vivido situaciones similares en años anteriores, y en todos los casos la respuesta ha pasado por reforzar los mecanismos de control y la comunicación con los afectados. En Galicia, la decisión de difundir públicamente los criterios de corrección de las materias conflictivas es un paso en la buena dirección, pero llega tarde: debería ser un estándar desde el primer día, no una medida reactiva ante la presión mediática.

La experiencia comparada demuestra que la mejor manera de evitar suspicacias es la estandarización de procedimientos y la digitalización de los procesos de evaluación. Herramientas como la corrección ciega, la doble revisión de exámenes o la publicación de rúbricas detalladas son prácticas que ya se aplican en otros países y que podrían implementarse sin grandes costes adicionales. La pregunta es si existe la voluntad política y académica para hacerlo.

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