El Servizo de Axuda no Fogar de la capital gallega atraviesa un conflicto que golpea de lleno a uno de los colectivos más invisibles del sistema de bienestar. Las trabajadoras que prestan asistencia domiciliaria a personas dependientes en Santiago de Compostela no han percibido la paga extraordinaria estival. Ante la gravedad del impago, el gobierno municipal ha anunciado que convocará una reunión con la empresa adjudicataria del servicio y los representantes de la plantilla para buscar una solución.
Raxoi se deslinda del problema
La posición del Concello no deja espacio para la ambigüedad. Fuentes municipales aseguraron esta semana que la Administración local está al corriente de sus pagos con la compañía que gestiona el servicio. Dicho de otro modo: el dinero que corresponde al ayuntamiento ha sido transferido a la concesionaria. Lo que ocurre después, entre la caja de la empresa y la nómina de las trabajadoras, queda fuera del control directo de Raxoi.
Quien paga no siempre manda. O al menos, no manda lo suficiente. La responsable del área de Dereitos e Servizos Sociais compareció ante los medios para anunciar que el Concello exigirá el cumplimiento estricto del contrato firmado con la adjudicataria. La afirmación tiene su peso. Implica que el gobierno local entiende que la empresa ha incumplido una obligación contractual y, por extensión, laboral. No es un matiz menor cuando se trata de dinero que pertenece a personas que viven de su trabajo.
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Conoce más →La reunión prevista pondrá sobre la mesa a tres partes con intereses divergentes: representación municipal, dirección empresarial y delegación sindical. El objetivo declarado es que el dinero pendiente llegue a las trabajadoras cuanto antes. Difícil que alguien discrepe de esa prioridad.
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Conviene recordar qué hay detrás de las siglas. El SAF es, para muchísimas familias de Santiago y de toda Galicia, la diferencia entre que una persona mayor pueda vivir con dignidad en su propia casa o tenga que ingresar en una residencia. Las profesionales del servicio entran cada mañana en cientos de hogares compostelanos para ayudar con la higiene personal, la preparación de alimentos, la administración de medicación y, no menos importante, con la presencia humana que tantas personas necesitan.
No parece exagerado afirmar que este colectivo sostiene una porción fundamental del sistema de cuidados de Galicia. Y, sin embargo, rara vez aparece en los titulares cuando todo funciona correctamente. Las trabajadoras del sector —mayoritariamente mujeres, conviene no perder de vista ese dato estructural— soportan salarios ajustados, jornadas partidas y una carga emocional que pocos trabajos exigen. Que encima vean retrasada una paga extraordinaria suma precariedad sobre precariedad.
A nadie se le escapa lo que supone un impago de estas características en pleno verano. Para una trabajadora del SAF, la paga de julio o agosto puede ser la diferencia entre afrontar el inicio del curso escolar con cierta tranquilidad o empezar septiembre con facturas acumuladas en la mesa de la cocina. La cifra habla por sí sola: no cobra quien más lo necesita, y quien tiene la obligación de pagar guarda silencio.
La trampa de externalizar lo público
Basta con mirar cómo está diseñado el modelo para entender dónde reside el problema. El Concello adjudica el servicio a una empresa privada mediante licitación. La empresa contrata a las trabajadoras, organiza los turnos y asume —sobre el papel— toda la responsabilidad laboral. El ayuntamiento paga a la empresa. La empresa cobra. Las trabajadoras trabajan. En teoría, el círculo se cierra con el abono puntual de nóminas y pagas extraordinarias.
El problema estalla cuando algún eslabón de esa cadena se quiebra. Lo que ocurre en Santiago es un ejemplo de manual: la Administración afirma haber cumplido con la transferencia correspondiente.
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