Trama empresarial alcanza siete países

Una compleja red de sociedades vinculadas a una trama investigada por presuntas irregularidades financieras involucra al menos 39 empresas y se extiende por siete países. Las autoridades judiciales manejan documentos que podrían acreditar movimientos de capital fuera de la normativa vigente, con conexiones desde Galicia hasta América Latina y Europa del Este.

Red de sociedades bajo lupa

Las pesquisas se centran en una estructura empresarial articulada a través de decenas de compañías, muchas radicadas en paraísos fiscales. Fuentes judiciales indican que las empresas no parecen responder a actividades productivas reales, sino que funcionarían como vehículos para la transferencia de fondos. Algunas de ellas están registradas en nombres de testaferros, mientras que otras comparten administradores comunes, lo que refuerza la hipótesis de una dirección única.

En Galicia, al menos cinco de las compañías están vinculadas a gestiones de urbanismo y suelo. Una de ellas, radicada en una calle del polígono de Sabón, figura como titular de terrenos en Arteixo cuya tasación ha sido cuestionada por técnicos municipales. El valor declarado, según un informe interno al que ha tenido acceso esta redacción, dista considerablemente del precio de mercado en la zona. No es menor el dato: el terreno fue posteriormente vendido a una inmobiliaria con sede en Rumanía, país integrante de la red de empresas investigada.

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Conexiones internacionales

Los rastros financieros llevan desde la ría de Arousa hasta Panamá, pasando por Hungría, Bulgaria y República Dominicana. En varios de estos países, las empresas investigadas comparten direcciones postales con otras sociedades ya vinculadas a operaciones de blanqueo en expedientes anteriores. A nadie se le escapa que este tipo de patrones no son casuales. El uso de cadenas de intermediación en múltiples jurisdicciones dificulta el rastreo, pero también delata una estrategia planificada.

Un responsable del sector financiero con sede en Vigo señala que, en los últimos tres años, se han detectado «movimientos atípicos» desde cuentas asociadas a estas empresas. Retiros en efectivo por encima de los umbrales legales, transferencias fraccionadas y compras de activos en el extranjero sin justificación económica clara. Lo cierto es que la Agencia Tributaria ha elevado ya varios informes al juez instructor, quien ha pedido colaboración a las autoridades de tres de los países implicados.

Basta con mirar los registros mercantiles para advertir las coincidencias. En al menos seis sociedades radicadas en España figura como administrador un mismo representante legal, un abogado con despacho en Pontevedra investigado en anteriores casos de corrupción urbanística. Aunque no está imputado en esta causa, su nombre vuelve a aparecer en los documentos que analiza la Fiscalía Anticorrupción.

El papel de los fondos opacos

Una parte clave de la investigación gira en torno a la procedencia de los capitales. Fuentes cercanas al caso aseguran que una cantidad significativa provendría de operaciones inmobiliarias en la costa norte de Lugo, en zonas donde en los últimos años se han aprobado cambios en el planeamiento municipal. Algunos de estos cambios beneficiaron a promotoras que, según los documentos, están ahora controladas por sociedades radicadas en las Islas Vírgenes Británicas.

Conviene recordar que en 2021 ya se destapó una trama similar en la comarca de Ferrol, con resultados electorales alterados y licencias urbanísticas cuestionadas. Las similitudes entre ambos casos no parecen casuales. En aquella ocasión, el hilo conductor fue la manipulación de contratos menores. Ahora, el enfoque es más amplio: se investiga si hubo una ingeniería financiera para ocultar beneficios y evadir responsabilidades fiscales.

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