Un juez señala a un expresidente por dos millones en sobornos

El juez instructor que lleva el caso ha dado un vuelco a la investigación al implicar directamente a un antiguo jefe del Ejecutivo. Según el auto judicial, existen indicios sólidos de que el exmandatario percibió dos millones de euros a cambio de favores administrativos. La noticia ha caído como una bomba en el panorama político, y las reacciones no se han hecho esperar.

Una investigación que lleva meses

Las pesquisas comenzaron hace más de un año a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. A nadie se le escapa que el caso ha sido tratado con absoluta reserva hasta ahora. El magistrado, con sede en un juzgado de Santiago de Compostela, ha ordenado una batería de diligencias que incluyen registros documentales y citaciones a testigos protegidos. Fuentes judiciales confirman que la causa se centra en contratos públicos adjudicados durante la última legislatura del investigado.

Las empresas implicadas, al menos dos grandes constructoras con intereses en Galicia, habrían realizado pagos a través de intermediarios offshore. La cifra de dos millones no es menor: corresponde, según los cálculos del tribunal, a un porcentaje de las adjudicaciones obtenidas por estas compañías en distintos proyectos de infraestructuras. Algunos de esos proyectos afectan directamente a la comunidad gallega, como las obras de la autovía A-54 o las conexiones ferroviarias con Ourense. Demasiado dinero para no haber levantado sospechas antes.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

¿Buscas alojamiento en Galicia?

Compara precios en hoteles y apartamentos

Ver en Hotels.com → Publicidad

Conoce más →

Las acusaciones contra el exmandatario

El auto judicial detalla que el expresidente habría mantenido reuniones en el Palacio de La Moncloa con los máximos responsables de las empresas investigadas. En esos encuentros, según el relato de los testigos, se habrían acordado los pagos a cambio de la concesión de obras millonarias. Difícil pensar que el juez haya dado este paso sin pruebas consistentes. Lo cierto es que la decisión pone en el punto de mira al que fuera durante ocho años el rostro de la política nacional.

Email profesional para tu negocio

Email con tu dominio, antispam y webmail. Compatible con Outlook y móviles.

Ver planes de email →

Basta con mirar la documentación incautada para entender la gravedad de los hechos. El tribunal sostiene que los pagos se realizaron en cuentas en paraísos fiscales, y que una parte fue utilizada para cubrir gastos de la campaña electoral de su partido. No parece casualidad que la investigación coincida con un momento de máxima crispación política. Incluso se menciona una reunión en un conocido restaurante de la zona vieja de A Coruña donde se habrían cerrado algunos detalles de las comisiones ilegales. La justicia, al fin, parece haber encontrado un hilo del que tirar.

Reacciones en el arco político

El partido del exdirigente ha guardado silencio durante las primeras horas, pero fuentes internas apuntan a que preparan una defensa contundente calificando las acusaciones de cortina de humo. Mientras, los principales grupos de la oposición exigen que se abra una comisión de investigación en el Congreso. Un alto cargo del partido mayoritario, consultado por este diario, expresó su firme rechazo a que la corrupción pueda tener cabida en las principales instituciones del Estado.

Conviene recordar que no es la primera vez que un expresidente se enfrenta a la justicia. Aunque en democracia nunca antes un juez había señalado de forma tan directa a un exjefe del Gobierno por un delito de cohecho. La situación marca un antes y un después en la historia judicial del país. Ahí está la clave del debate.

En Galicia, donde algunas de las empresas implicadas tienen contratos con la Xunta, la noticia ha generado especial inquietud. El presidente autonómico ha declinado hacer declaraciones, pero desde la oposición gallega se reclama que se aclare cualquier posible repercusión en contratos regionales. Quienes conocen bien el entramado empresarial gallego advierten que el caso puede salpicar a altos cargos administrativos de la comunidad.