Una cuenta compartida, 1,5 millones y preguntas

Un movimiento financiero inusual ha vuelto a poner bajo escrutinio la transparencia de las finanzas personales de figuras públicas. Una cuenta a nombre de la esposa de un exjefe del Gobierno, compartida con su marido, recibió una transferencia de 1,5 millones de euros en un momento clave. El origen y la justificación de esa cantidad no han sido aclarados públicamente. Nadie ha presentado denuncia. Pero el dato sigue ahí, flotando.

El rastro del dinero

Fuentes judiciales confirmaron que la operación se registró en una entidad con sede en Galicia, aunque la cuenta no se abrió en la comunidad. El ingreso se produjo varios años después de que el político dejara el poder. No hubo actividad reiterada, solo esa transferencia única, cuantiosa, fuera de lo común para un perfil no empresarial. El banco notificó el movimiento al SEPBLAC, como exige la ley ante cantidades superiores a 100.000 euros. El organismo anti-blancos lo clasificó como operación sospechosa. No se archivó de forma inmediata.

La titular de la cuenta no declaró esa entrada de dinero en su declaración del patrimonio ante la administración pública. Tampoco se incluyó en los informes de intereses personales que, en su día, presentó el exmandatario. A nadie se le escapa que no todas las transferencias son irregulares. Pero sí es cierto que, en contextos como este, la opacidad alimenta la desconfianza. Y más en un país donde la rendición de cuentas sigue siendo voluntaria para muchos ex altos cargos.

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¿Qué dice la ley?

El Código Penal no castiga por tener dinero, sino por ocultar su origen ilícito. El delito de blanqueo exige que el sujeto actúe con conocimiento de causa. Aquí, no hay prueba de eso. Pero la Ley de Responsabilidades de los Altos Cargos sí obliga a difundir ciertos movimientos patrimoniales durante el ejercicio del cargo y un período después. El ingreso se produjo fuera de ese marco temporal. Sin embargo, no es menor el dato: la cuenta fue abierta cuando el político aún ocupaba su puesto. Y se mantuvo activa años después.

Un responsable del sector bancario consultado, bajo condición de anonimato, señaló que “una operación así hoy levantaría alertas automáticas en cualquier sistema de cumplimiento”. Pero el ingreso se hizo antes de que se endurecieran los protocolos. “Ahora, con los algoritmos, basta un patrón extraño para que salte la señal”, añadió. Demasiado tiempo ha pasado ya para que una simple revisión interna sirva de garantía.

El silencio como respuesta

Desde que trascendió el dato, no ha habido comparecencia, aclaración ni rueda de prensa. Tampoco comunicado institucional. Quien fue referente del socialismo gallego en los años 2000 consideró en su momento que estas cuestiones debían ventilarse con transparencia. “La política debe dar ejemplo”, dijo entonces, tras un caso de corrupción local en Arteixo. Ahí está la clave: el ejemplo no se da solo con palabras.

En la comarca de Ferrolterra, donde la desafección política crece año tras año, algunos vecinos de Narón o Mugardos miran con escepticismo estos casos. “Si no pagan los ricos, ¿por qué lo hacemos nosotros?”, se preguntaba hace poco un jubilado en una parada de autobús en Valdoviño. La frase no era una denuncia. Era una constatación. La desigualdad también se mide en quién puede guardar silencio y quién no.

Fuentes municipales de un ayuntamiento de la provincia de Lugo, que lleva meses auditando sus contratos menores tras una denuncia anónima, reconocen que “el ciudadano de a pie ya no cree en las explicaciones tardías”. Y basta con mirar los datos del Censo Electoral para ver el desplome del voto en zonas rurales. No parece casualidad.

El peso del pasado

No es la primera vez que una cuenta compartida entre un político y su cónyuge genera polémica. En 2018, un alcalde de la Mariña fue investigado por un caso similar, aunque con cantidades mucho menores. El juzgado archivó por falta de pruebas, p

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