Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, anunció este jueves que el Gobierno estudia incluir la prohibición de despidos por causas energéticas en el paquete de medidas anticrisis que planteará en los próximos días. La dirigente avanzó en una entrevista televisiva que el Ejecutivo aspira a llevar a aprobació n disposiciones urgentes en el Consejo de Ministros de la semana siguiente para atajar el encarecimiento de combustibles y el impacto de la guerra en Irán sobre la inflación. La iniciativa busca proteger el empleo y evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo en un contexto de subida de precios.

En contraste con ese anuncio, desde Moncloa se ha moderado el calendario y han recordado que no hay una hoja de ruta cerrada, por lo que algunas decisiones podrían demorarse mientras se cierran detalles técnicos y jurídicos. Paralelamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, convocó este jueves a los agentes sociales para perfilar una respuesta coordinada a la crisis inflacionista, especialmente ante el repunte del precio de los carburantes que ya encarece el transporte y la actividad industrial. El Gobierno defiende que la respuesta será «calmada y exhaustiva» y que podrá actualizarse con carácter casi diario según evolucione la situación.

Según explicó la vicepresidenta, una de las líneas prioritarias sería impedir que las empresas justifiquen despidos objetivos alegando causas relacionadas con el alza de costes energéticos, con el objetivo de recurrir a mecanismos como los ERTE antes que a la destrucción de empleo. Las fuentes gubernamentales sostienen que las medidas, si se aprueban, entrarían en vigor con su publicación en el BOE al día siguiente, para ofrecer una respuesta rápida ante la emergencia económica. El anuncio recupera la experiencia de la pandemia, cuando la activación masiva de ERTE fue acompañada de limitaciones a los despidos para preservar el tejido productivo.

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El recuerdo de la gestión del covid es explícito: entonces, el Ejecutivo condicionó el acceso a los expedientes de regulación temporal de empleo a una prohibición de despidos por causas objetivas relacionadas con la pandemia, lo que empujó a las empresas a optar por suspend er relaciones laborales temporalmente en lugar de extinguir puestos. Ahora, el Gobierno plantea medidas similares pero centradas en las consecuencias del conflicto que afecta al suministro energético y al mercado internacional de hidrocarburos. Los expertos en derecho laboral advierten de la necesidad de concretar el alcance temporal y los supuestos para evitar litigios y garantizar seguridad jurídica.

Díaz lanzó además un mensaje directo a las empresas y autónomos para que eviten prescindir de plantilla en este periodo, recordando que ya existen instrumentos activados como el Mecanismo RED y los ERTE, que permiten ajustar empleo sin recurrir al despido. La intención oficial es combinar medidas laborales con apoyos sectoriales y fiscales para amortiguar el impacto sobre familias y compañías, aunque las fuentes gubernamentales reconocen que algunas industrias serán más vulnerables a los incrementos del coste energético. El Ejecutivo subraya también la importancia de la negociación con sindicatos y patronal para afinar las respuestas.

La posible prohibición de despidos por razones energéticas suscita reacciones encontradas entre los agentes sociales. Los sindicatos han mostrado disposición a respaldar medidas que protejan el empleo, mientras que algunas organizaciones empresariales alertan de que limitaciones estrictas podrían complicar la gestión de empresas viables afectadas por pérdidas temporales. En ese escenario, el diálogo social que promueve el ministro de Economía será clave para diseñar un marco que compatibilice la preservación del empleo con la sostenibilidad financiera de las compañías.

Además de las medidas laborales, la vicepresidenta avanzó que el Gobierno valora adelantar medidas de movilidad recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para facilitar el uso del transporte colectivo en las empresas, con el fin de reducir el consumo de carburantes entre la plantilla. La propuesta apunta a fomentar desplazamientos colectivos en grandes empresas o incentivar alternativas al vehículo privado como respuesta inmediata a la subida de precios. Estas iniciativas tendrían también efectos ambientales buscados por la normativa pendiente, aunque su implementación dependerá de los plazos legislativos y del acuerdo con administraciones autonómicas y locales.

En conjunto, el Ejecutivo busca conjugar respuestas rápidas y medidas estructurales para contener el efecto de la crisis internacional sobre la economía doméstica. Aunque la intención es actuar con celeridad, fuentes del Gobierno insisten en que algunas medidas requerirán afinamiento técnico y consenso, por lo que la semana próxima podría traer anuncios concretos pero también negociaciones que prolonguen su concreción. La cita con los agentes sociales y la posible convocatoria del Consejo de Ministros marcarán los próximos pasos de una estrategia que el Gobierno presenta como de protección social y preservación del empleo.