Hoy, 10 de marzo de 2026, un grupo de pacientes del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha presentado ante a Valedora do Pobo una queja colectiva por los retrasos de hasta cuatro años en las pruebas de diagnóstico genético preimplantacional. Entre los firmantes figura Isabel López Andrade, que denuncia que a sus casi 37 años la demora reduce las posibilidades de tener un hijo sin la enfermedad hereditaria que ella porta. La reclamación, promovida también por la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, exige explicaciones y alternativas asistenciales ante lo que definen como una paralización de las listas de espera.

Los afectados relatan que fueron derivados desde Vigo al CHUS porque este hospital es el centro de referencia en Galicia para este tipo de pruebas, y que cuando intentaron recabar información en diciembre pasado les comunicaron que las listas estaban “totalmente paralizadas” desde noviembre de 2024. En el caso de Isabel López Andrade, el trámite se inició a finales de 2023 y la primera cita tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando le informaron de un plazo de espera aproximado de año y medio y de planes para contratar personal. Sin embargo, esas previsiones no se han materializado y la situación administrativa no ha avanzado desde entonces.

Los pacientes critican además la falta de transparencia: aseguran que no se les notificó de forma oficial la paralización de las listas y que, a pesar de las consultas, no conocen su posición en el listado de espera. Han registrado cuatro o cinco reclamaciones formales sin recibir respuesta concreta, lo que, según dicen, provoca una sensación de “opacidad total” sobre el procedimiento. Ante la incertidumbre y el envejecimiento ovárico asociado a la edad, varios de los afectados están valorando recurrir a centros privados para acelerar el proceso.

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El caso de Isabel adquiere una arista preventiva: ella es portadora de una mutación vinculada a un riesgo elevado de cáncer de mama y ovario, por lo que la intención de someterse a un diagnóstico genético preimplantacional es evitar la transmisión de ese gen a su descendencia. La mujer recuerda que estos son tratamientos orientados a prevenir enfermedades futuras y que, a nivel personal, le obligarán probablemente a afrontar intervenciones profilácticas si llega a los 40 años. Además de la dimensión sanitaria, señala el coste humano y económico que supone tratar un cáncer frente a invertir en medidas preventivas.

También figura entre las firmantes Alicia Piñón, de 35 años, que permanece en lista de espera para una fecundación in vitro con diagnóstico preimplantacional. Su situación ilustra la presión de los límites de edad: cada mes que pasa puede reducir la probabilidad de éxito de una FIV y aumentar la necesidad de recurrir a técnicas alternativas. La asociación que ha promovido la queja reclama explicaciones y soluciones para todos los afectados, mientras subraya el carácter colectivo del problema.

Fuentes del Área Sanitaria compostelana indicaron a este periódico que hay prevista una ampliación de recursos para estos programas y que se está estudiando la posibilidad de derivar pacientes a otros centros con el fin de acortar los plazos de espera. La administración sanitaria defiende que existen planes de actuación para responder a la demanda, aunque no ofreció una fecha concreta para la reanudación normalizada de los procesos. Los denunciantes, por su parte, solicitan información clara y plazos concretos que les permitan tomar decisiones sobre su salud reproductiva.

Especialistas consultados por pacientes y asociaciones recuerdan que el diagnóstico genético preimplantacional es especialmente sensible al factor tiempo, porque la calidad y cantidad de ovocitos disminuyen con la edad materna y ello afecta tanto a la probabilidad de embarazo como a la salud del futuro hijo. Un retraso prolongado puede, además, obligar a plantear tratamientos más invasivos o costosos y a aumentar el recurso a la sanidad privada, con el consiguiente desembolso para las familias. Por eso, los firmantes insisten en que la medida no solo tiene consecuencias médicas sino también sociales y económicas.

La Valedora do Pobo ha recibido la documentación esta mañana y tiene ahora la potestad de investigar la queja y requerir informes al CHUS y al Área Sanitaria correspondiente. Mientras tanto, los afectados estudian opciones que van desde la reclamación administrativa hasta la búsqueda de alternativas privadas, y mantienen la presión pública para que las autoridades aceleren soluciones. En el epicentro de la disputa está, según los denunciantes, el derecho a una asistencia sanitaria oportuna y a una información transparente sobre unos tratamientos cuyo éxito depende, en buena medida, del tiempo.