En Madrid, durante el Congreso Internacional «Inteligencia Artificial Generativa: retos éticos, jurídicos y sociales» celebrado los días 10 y 11 de marzo de 2026 en la Universidad CEU San Pablo, voces institucionales y académicas pidieron un pacto social europeo para regular la implantación de la IA generativa. Organizadores como la Cátedra Internacional ENIA en IA Generativa, junto a Deloitte y el Observatorio OdiseIA, reclamaron que la entrada en vigor del AI Act vaya acompañada de salvaguardas en salud, empleo y protección frente a desinformación. Reguladores, investigadores y empresas insistieron en que la tecnología ya está fuera del laboratorio y que la ley por sí sola no basta. El objetivo, señalaron, es combinar normativa, responsabilidad civil y medidas sociales para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades.

Los ponentes presentaron un mapa con 16 investigaciones pioneras que muestran cómo la IA generativa está reconfigurando ámbitos tan diversos como el diagnóstico médico, la concesión de créditos, las campañas políticas y los procesos de selección de personal. En el Aula Magna se debatieron resultados sobre discriminación algorítmica, impacto en colectivos vulnerables, responsabilidad civil, empleo y difusión de noticias falsas. El congreso sirvió además para que los autores de esos estudios propusieran medidas concretas que puedan incorporarse a la regulación y a las políticas públicas. Participaron desde autoridades de control hasta representantes de la industria tecnológica y centros universitarios.

El acto de apertura corrió a cargo de David de Francisco, subdirector de Inteligencia Artificial en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien defendió que la implantación de la IA generativa debe buscar un impacto positivo y generar nuevos modelos de negocio asistidos por esta tecnología. De Francisco subrayó la necesidad de que las administraciones acompañen la transición con marcos que faciliten la innovación pero eviten daños reales a derechos y servicios esenciales. También hizo hincapié en la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar estándares de seguridad y transparencia. Su intervención marcó el tono pragmático del congreso: regulación útil y aplicable.

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Entre los asistentes figuró el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino Hueso, quien recordó que la protección de datos y la privacidad deben estar en el centro de cualquier marco regulatorio sobre IA. Cotino advirtió sobre los riesgos que suponen los sesgos y la opacidad en los sistemas generativos cuando se aplican en salud o en decisiones administrativas. También reclamó herramientas de auditoría y mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer y corregir decisiones automatizadas. Para los reguladores, la ley europea debe materializarse en obligaciones prácticas y sin ambigüedades.

La directora de la Cátedra y presidenta del Observatorio OdiseIA, Idoia Salazar, planteó la urgencia de un pacto social que vaya más allá de normas técnicas y contemple derechos laborales, protección de colectivos vulnerables y estrategias contra los deepfakes. Salazar defendió un enfoque holístico que incorpore formación, políticas de recualificación y redes de seguridad para las personas cuyo empleo se vea afectado por la automatización. También reclamó mayor inversión en investigación independiente y en recursos para verificar la integridad de la información generada por estos sistemas. Su intervención puso el acento en las consecuencias sociales y no solo en las soluciones tecnológicas.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo Claverol, subrayó el papel de las universidades como espacios de evaluación crítica y desarrollo responsable de la IA. Visiedo abogó por integrar la ética y la gobernanza tecnológica en los planes formativos y por promover colaboraciones entre centros académicos, administraciones y empresas. En paralelo, los asistentes debatieron la necesidad de mecanismos de responsabilidad civil que faciliten la reparación cuando una decisión automatizada provoque daño. El consenso emergente fue que la aplicación del AI Act debe complementarse con reglas que asignen responsabilidades claras a desarrolladores, desplegadores y usuarios.

Los trabajos presentados en las mesas técnicas ofrecieron propuestas accionables: estándares de transparencia en modelos generativos, protocolos de verificación frente a deepfakes, criterios para evaluar sesgos y esquemas de auditoría independientes. También se expusieron recomendaciones para garantizar la continuidad asistencial en salud cuando interviene la IA y para proteger la igualdad de oportunidades en procesos de selección. Los expertos insistieron en que la regulación no puede quedarse en principios vagos, sino traducirse en obligaciones verificables y sanciones disuasorias. La combinación de investigación empírica y propuestas normativas fue uno de los principales valores del congreso.

El mensaje final de Madrid fue claro: Europa necesita una respuesta colectiva que combine la puesta en marcha del AI Act con un paquete de garantías sociales, técnicas y jurídicas. Reguladores, academia y empresa coincidieron en que solo así podrá extraerse el máximo beneficio social de la IA generativa minimizando sus daños. El congreso intentó convertir hallazgos científicos en propuestas de política pública para que la Unión Europea gobierne este poder tecnológico con criterios de justicia y protección ciudadana. La llamada a un pacto social queda ahora sobre la mesa para las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales.