Galicia encara la mayor transformación judicial de las últimas décadas, y lo hace con una mochila pesada: más de 200.000 procedimientos esperan aún respuesta en los juzgados de la comunidad. La cifra, impactante, revela un atasco crónico que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en el sistema y que obliga a instituciones y profesionales a un esfuerzo sin precedentes.
El reto es mayúsculo, tanto por la magnitud de los casos pendientes como por la ambición de las reformas planteadas. Nadie en los pasillos de los juzgados de la calle Monforte de Lemos, en Lugo, o de la Praza de Galicia, en Santiago, es ajeno a la sensación de cambio inminente. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente la revolución anunciada para resolver una situación que se arrastra desde hace años?
Una cifra que pone a prueba el sistema
Más de doscientas mil causas. Basta con imaginar la cantidad de vidas, empresas y administraciones pendientes para calibrar el alcance del problema. Fuentes judiciales reconocen que el volumen de expedientes acumulados coloca a Galicia muy por encima de lo que sería razonable para una justicia ágil y eficaz. Y no es una cuestión puntual ni exclusiva de las grandes ciudades: desde O Barco de Valdeorras hasta Viveiro, el colapso se extiende por toda la geografía gallega.
La situación afecta especialmente a los juzgados de lo social y lo contencioso-administrativo, donde la demora media supera en muchos casos el año. Un responsable del sindicato de funcionarios judiciales resume el sentir general: «Hay compañeros que arrastran procedimientos desde antes de la pandemia». Demasiado tiempo. Lo cierto es que la sobrecarga se traduce en juicios aplazados, sentencias que llegan tarde y ciudadanos que pierden la fe en una resolución rápida de sus conflictos.
Digitalización y nuevas oficinas: el plan de choque
Frente a este panorama, la Administración de Justicia prepara un despliegue ambicioso. En primer lugar, la digitalización. Se prevé que a lo largo de este año todos los juzgados gallegos adopten expedientes electrónicos y sistemas de gestión integrados. La promesa es que el papel pase a ser casi testimonial y que los trámites se aceleren gracias a nuevas herramientas informáticas. Un alto cargo municipal de A Coruña comenta que la experiencia piloto en su partido judicial ha reducido algunos plazos, aunque advierte que la transición exige formación y recursos.
La segunda gran apuesta es la creación de las llamadas Oficinas Judiciales. Estos nuevos órganos, ya en marcha en varias ciudades, buscan reorganizar el trabajo interno, repartir mejor las cargas y liberar a jueces y magistrados de tareas administrativas. En teoría, esto permitirá que los casos avancen con mayor velocidad y que las plantillas se adapten mejor al flujo real de asuntos. Sin embargo, las dudas persisten: sindicatos y colegios de abogados advierten que la reforma será insuficiente si no va acompañada de más personal y mejores medios materiales.
El contexto: una ola de causas y viejos problemas
No es menor el dato de que el colapso judicial no es nuevo. Galicia lleva años acumulando retrasos, agravados primero por la crisis económica y después por la pandemia. El cierre de sedes, la falta de sustituciones y los recortes han ido minando la capacidad de respuesta del sistema. Si a eso se añaden episodios recientes como la huelga de letrados o el aumento de litigios por reclamaciones bancarias y laborales, el atasco se convierte en una tormenta perfecta.
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