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Desahucios en Galicia: 61 familias expulsadas en solo tres meses

Desahucios en Galicia: 61 familias expulsadas en solo tres meses

Las cifras no engañan: 61 familias gallegas han perdido su hogar en apenas un trimestre. La lentitud de la Justicia y la desesperación de los afectados están alimentando un fenómeno preocupante en el que cada vez más propietarios acuden a empresas privadas para recuperar sus viviendas. La situación, lejos de ser anecdótica, despierta inquietud y revela carencias estructurales en la protección social y judicial.

No es una cuestión de casos aislados ni de barrios concretos. Lo que sucede en calles como la rúa San Andrés de A Coruña o en bloques de extrarradio de Vigo apunta a un problema de alcance autonómico. Detrás de cada desalojo hay historias de impotencia, de miedo y, en demasiadas ocasiones, de absoluta falta de alternativas.

Una cifra que alarma y crece

Nadie puede mirar a otro lado cuando, en solo tres meses, la estadística de desahucios alcanza los 61 casos en Galicia. Los datos, procedentes del propio Consejo General del Poder Judicial, ponen el foco sobre una realidad que, si bien se repite en otras comunidades, en la gallega cobra tintes especialmente dramáticos por el perfil de los afectados: familias con menores, personas mayores, trabajadores precarios. Basta con repasar los registros del último año para comprobar que la tendencia no es nueva, pero sí se está acelerando.

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Conviene recordar que la mayoría de estos lanzamientos proceden de impagos de alquiler. Las hipotecas ya no son la causa principal, al menos en el último periodo. Sin embargo, no es menor el dato de que una parte creciente responde a ocupaciones. Y ahí es donde el debate salta a la calle: ¿qué ocurre cuando el dueño de una vivienda ve que el proceso judicial se alarga meses, a veces años?

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Desokupas: el síntoma de un sistema atascado

Quien sufre una ocupación lo cuenta sin rodeos: la espera para que un juzgado resuelva el conflicto se puede volver interminable. En la comarca de O Morrazo, por ejemplo, las comunidades de vecinos empiezan a mostrar su hartazgo ante la proliferación de casos similares. Un alto cargo municipal señala que la saturación de los juzgados de primera instancia está detrás del retraso, pero admite que la falta de soluciones sociales contribuye a agravar el problema.

De ahí que, en la práctica, proliferen empresas privadas que ofrecen «desalojo exprés». Un fenómeno que, según fuentes del sector inmobiliario, se mueve en la frontera de la legalidad y deja en evidencia la insuficiencia de los instrumentos públicos. «No es agradable recurrir a desokupas, pero algunos propietarios no ven otra salida», reconocen fuentes próximas a los afectados. Demasiado tiempo. El malestar se palpa en la calle y en las redes sociales, donde las quejas por la lentitud judicial se multiplican.

La (in)defensión de los vulnerables

Difícil encontrar un solo ayuntamiento gallego que no tenga sobre la mesa varios expedientes de familias que temen perder su casa. Los servicios sociales municipales, desde Ourense hasta Ferrol, confirman que los recursos de emergencia no alcanzan para atender todas las demandas. En el último trimestre, según datos de la Xunta, solo un tercio de los hogares desahuciados ha logrado acceder a alguna solución habitacional temporal.

Ahí está la clave: la ausencia de alternativas viables empuja a muchas familias a situaciones extremas. Dormir en un coche, acudir a casas de familiares, buscar refugio en pensiones baratas de la zona vieja de Santiago. La red de protección, ya de por sí insuficiente, se ve sobrepasada cuando coinciden varias ejecuciones en una misma semana. No parece casualidad que asociaciones vecinales y entidades de ayuda social insistan en la urgencia de reforzar los programas de mediación y los fondos de alquiler social.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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