Justicia tardía: el juicio por el incendio mortal abre el debate sobre la prevención laboral en Galicia

Cuando un trabajador pierde la vida en su puesto, la maquinaria judicial suele engrasarse con lentitud. Siete años después de que las llamas devorasen parte de una planta industrial en la provincia de Lugo, el proceso judicial que busca depurar responsabilidades está a punto de comenzar. Más allá de las penas solicitadas, este caso interpela directamente a la cultura preventiva de un sector —el de la transformación de la madera— que en Galicia concentra un número significativo de accidentes graves y mortales.

El largo camino hacia el banquillo

El próximo lunes, un juzgado de Lugo acogerá la vista oral contra cuatro personas vinculadas a la gestión de una fábrica de tableros. La Fiscalía sostiene que hubo una cadena de dejación de funciones que culminó en una explosión seguida de un incendio de gran magnitud. Las peticiones de condena —cuatro años de prisión para cada uno— reflejan la gravedad que el ministerio público atribuye a los hechos, pero también ponen sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué han tenido que transcurrir siete ejercicios para que el caso llegue a juicio?

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La demora no es un fenómeno aislado. Los tribunales de lo social y lo penal en Galicia arrastran una carga de trabajo que dificulta la tramitación ágil de este tipo de procedimientos, donde confluyen aspectos técnicos, periciales y testimoniales. Mientras tanto, las familias de las víctimas han visto pasar los años sin una respuesta judicial definitiva. La espera, en estos casos, se convierte en una segunda condena.

Un sector con asignaturas pendientes

La industria de la madera y sus derivados es uno de los motores económicos de la Galicia interior. Sin embargo, los datos de siniestralidad laboral en este ámbito son persistentemente elevados. La manipulación de materiales inflamables, la existencia de polvo combustible y la maquinaria pesada convierten estas plantas en entornos de alto riesgo. El incendio de 2019 no fue un accidente excepcional, sino la manifestación más trágica de una realidad que lleva años sobre la mesa de los sindicatos y de los técnicos de prevención.

En los informes internos de la empresa, que no se hicieron públicos hasta después de la tragedia, ya se señalaban deficiencias en los sistemas de extracción de polvo y en la formación de la plantilla. Pero la presión productiva y la falta de inspecciones sistemáticas —agravada, según denuncian los representantes de los trabajadores, por la reducción de efectivos de la Inspección de Trabajo en la comunidad— crearon el caldo de cultivo para que un fallo técnico se convirtiera en una catástrofe.

Las lecciones que no se aprenden

En la última década, al menos media docena de incendios de similar envergadura se han registrado en fábricas de tableros y aserraderos de la cornisa cantábrica. En todos ellos, las conclusiones apuntan a un denominador común: la insuficiente inversión en medidas de seguridad pasiva y activa. Extintores obsoletos, salidas de emergencia bloqueadas o planes de autoprotección no actualizados son fallos que se repiten una y otra vez en los atestados.

La seguridad laboral no es un gasto, es una inversión. Pero a menudo solo se valora cuando ya es demasiado tarde.

El caso que ahora llega a juicio añade un elemento adicional: la presunta desobediencia a las indicaciones de los servicios de extinción durante las primeras horas del siniestro. Según fuentes próximas a la investigación, los responsables de la planta habrían priorizado la protección de la maquinaria sobre la evacuación ordenada del personal, lo que agravó las consecuencias. Este extremo, si se confirma, revelaría una peligrosa inversión de prioridades que el sistema judicial deberá evaluar con detalle.