El PPdeG pide más vivienda frente al plan «insuficiente» del Gobierno

El Partido Popular de Galicia ha reclamado este sábado una mayor oferta de vivienda pública, criticando el plan estatal impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez como “insuficiente y sin consenso”. La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, lideró la protesta en una jornada celebrada en la Plaza de Abastos de Celanova (Ourense), ante más de 200 asistentes. Allí, denunció una ley de vivienda que, según su partido, “favorece a okupas antes que a propietarios”. El dato más contundente: el Ejecutivo autonómico gallego prevé duplicar su número de viviendas públicas, pasando de 4.000 a 8.000 en esta legislatura.

Los hechos

La jornada política se celebró en pleno corazón de Ourense, en un escenario simbólico: la Plaza de Abastos de Celanova, espacio tradicional de encuentro local. Paula Prado no se anduvo con rodeos. Calificó la ley estatal de vivienda como “un desastre jurídico” y aseguró que genera inseguridad entre la ciudadanía. “No puede ser que un propietario pierda su casa en semanas mientras quien la ocupa ilegalmente se beneficia de protecciones que el Estado amplía”, afirmó ante un auditorio mayoritariamente rural.

El mensaje fue respaldado por el presidente provincial del PP en Ourense, Luis Menor, quien subrayó que la falta de vivienda no es solo un problema urbano, sino un freno al desarrollo demográfico en zonas como la suya. “La provincia supera ya los 307.000 habitantes, con 10.000 nuevos vecinos en los últimos años, muchos procedentes de migración.” Añadió que sin políticas serias, el crecimiento no se traduce en oportunidades. “El rural gallego no puede seguir perdiendo peso”, dijo.

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Desde el plano local, Ana Fernández, secretaria de la junta gestora del PP de Celanova, anunció una propuesta concreta: la puesta a disposición de suelo público para viviendas de protección oficial. “Llevamos más de 30 años sin actualizar el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM)”, lamentó. Su programa electoral incluirá medidas para agilizar trámites y reducir la burocracia en la concesión de vivienda protegida.

Contexto y antecedentes

El debate no nace de la nada. A nadie se le escapa que el acceso a la vivienda se ha convertido en una bomba social en todo el Estado, con Galicia como excepción relativa. Pero la tensión crece, especialmente en municipios pequeños donde la oferta inmobiliaria es escasa y los precios, aunque más bajos que en Madrid o Barcelona, empiezan a subir. La ley estatal de vivienda, en vigor desde 2023, sigue generando fricciones entre gobiernos autonómicos y el central. Ahí está la clave: mientras el Gobierno de Sánchez apuesta por el control de precios y protección de okupas, el PP gallego defiende un modelo basado en la construcción y la seguridad jurídica.

Conviene recordar que el plan de la Xunta, liderada por Alfonso Rueda, incluye este año un presupuesto “histórico” de 350 millones de euros para vivienda. No es menor el dato: es la mayor partida de la historia de Galicia en esta materia. A eso se suma un paquete de reformas legislativas y fiscales para incentivar la edificación. Mientras en Madrid se habla de limitar alquileres, en Santiago se impulsa facilitar que se construya más. La diferencia de enfoque es abismal.

Perspectiva y futuro

El pulso entre modelos no es solo político, sino de visión territorial. La apuesta del PPdeG por el desarrollo rural choca con una realidad: sin vivienda, no hay atraque de población. “No es solo una cuestión de tener techo”, señaló un responsable del sector en conversación marginal. “Es que sin hogar estable, no hay escuela, no hay comercio, no hay futuro.” Basta con mirar lo que ocurre en concellos como Laza o A Pobra do Brollón: ayudas estatales llegan tarde, si llegan, y los jóvenes se marchan. Demasiado.