Besteiro pide consenso para hacer de la vivienda el quinto pilar en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este sábado en Baiona un pacto amplio para convertir el derecho a la vivienda en el «quinto pilar» del Estado de Bienestar. Lo hizo durante un acto público en la comarca de O Morrazo, donde advirtió que ya son más de 33.000 las personas que esperan una vivienda pública en Galicia, el doble que al inicio de la legislatura. Denunció una «contradicción insostenible»: mientras crece la lista de espera, medio millón de viviendas permanecen vacías en la comunidad. «El problema no hace más que agravarse», sentenció.

Los hechos

Gómez Besteiro intervino en un encuentro organizado en Baiona, al que acudió junto al portavoz socialista en el Concello, Carlos Gómez Prado. El acto, abierto a la ciudadanía, sirvió de escenario para desglosar lo que el PSdeG considera una de sus prioridades: garantizar el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental. En su intervención, el líder del partido insistió en que la falta de techo es «la principal barrera» para que miles de gallegos construyan un proyecto de vida.

Acompañó sus palabras con datos concretos: desde el año 2014, la Valedora do Pobo ha emitido al menos siete informes alertando sobre la emergencia habitacional. «No es un problema nuevo», subrayó, y recordó que durante 17 años no se ejecutó una sola vivienda pública en régimen de promoción directa por parte de la Xunta. «Solo con los fondos europeos y una nueva Ley de Vivienda se ha comenzado a mover el asunto», señaló, convencido de que el impulso llegó gracias al gobierno socialista.

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El discurso no se quedó en diagnóstico. Besteiro enumeró varias medidas concretas: blindar la condición de vivienda protegida «para siempre», crear un banco público de alquiler que active el parque inmobiliario ocioso, y garantizar que ningún joven quede sin bono por falta de presupuesto. También reclamó regular los alquileres de temporada, recuperar los 40 metros cuadrados mínimos para viviendas compartidas y retirar del mercado los pisos turísticos ilegales. «La clave está en la acción directa de la Xunta», dijo.

Contexto y antecedentes

Quien hoy levanta la voz desde el PSdeG lo hace con la memoria de una década y media de inacción. Difícil pasar por alto que, entre 2005 y 2022, la administración gallega apenas promovió vivienda pública en régimen directo. Mientras, el mercado se fue colonizando por el turismo y la especulación. En Baiona, por ejemplo, hay ya 467 viviendas de uso turístico, lo que supone casi un 3% del total de hogares en el casco urbano. Basta con pasear por la Rúa Maior o las inmediaciones del puerto para ver los carteles de «alquiler vacacional» multiplicándose cada verano.

No es menor el dato: mientras los turistas pagan cientos de euros por noche en viviendas que antes eran vecinales, familias enteras se ven obligadas a mudarse a localidades más alejadas o a vivir en condiciones precarias. Lo cierto es que la tensión se ha trasladado también a núcleos como Vigo, Pontevedra o A Coruña, donde los precios del alquiler han subido más de un 40% en cinco años. Y aunque la Xunta ha destinado fondos europeos al fomento de la vivienda social, muchos responsables del sector consideran que la escala es insuficiente. «Se actúa con gotero», admitió un técnico municipal bajo condición de anonimato.

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