Gasóleo bonificado y trampas al fisco: cómo se persigue el fraude en las gasolineras y el campo gallego

El mapa del fraude en la terra

El caso destapado recientemente en Mallorca, que salpicó a empresarios y cargos políticos por un presunto amaño en la concesión de gasolineras, ha sacudido la conciencia colectiva. Ahora bien, lo cierto es que la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando de combustibles no se entiende sin mirar al territorio gallego. Nuestra comunidad, con su peculiar orografía y una densidad de estaciones de servicio elevada, es un escenario clave en esta partida.

En Galicia, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) trabajan de forma coordinada, a menudo en la sombra. De hecho, los operativos se suceden con regularidad en las cuatro provincias, aunque rara vez salgan en los titulares. El objetivo es claro: perseguir el uso del gasóleo bonificado para usos agrícolas o de calefacción cuando, en realidad, acaba en el depósito de turismos particulares.

La diferencia de precio es el anzuelo. El gasóleo agrícola, teñido de un característico color rojo para su identificación, puede ser hasta un 40 % más barato que el de automoción. Esa brecha tentadora es la que alimenta una economía sumergida que se extiende por el rural. Con cierta retranca, muchos lo ven casi como una tradición, una pequeña venia frente a un fisco al que se percibe como lejano.

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Operativos conjuntos y paciencia investigadora

El trabajo de campo es complejo y requiere una dosis abundante de paciencia investigadora. No basta con vigilar el campo. Cabe recordar que el fraude de combustibles abarca toda una logística: desde la distribución mayorista hasta la manipulación de los sistemas informáticos en ciertos surtidores.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), junto con la Guardia Civil y la Axencia Tributaria de Galicia, realizan inspecciones coordinadas y controles en carretera. En estos, se utilizan kits de detección de marcadores químicos. Una simple gota es suficiente para delatar al infractor.

«La mayor parte del fraude en Galicia no está en las grandes redes, sino en la acumulación de pequeñas trampas que se escuden en el aislamiento del rural», explica un portavoz técnico de Vigilancia Aduanera.

Aunque la cita se refiere a la morriña por un control más laxo en el pasado, la realidad actual es bien distinta. Los controles en la comunidad gallega se incrementaron en un 15 %, según los últimos datos disponibles. Esto se traduce en más inspecciones, pero también en una mayor sofisticación de los métodos defraudadores.

El caso mallorquín es un buen ejemplo de cómo el fraude fiscal se entrelaza con el político. En Galicia, los operativos persiguen redes similares. El uso de facturas falsas para justificar gasóleo agrícola es una práctica recurrente. En otros casos, se detectan tanques ocultos en fincas privadas, una práctica que requiere vigilancia aerial y delaciones.

La emergencia de los precios energéticos tras la pandemia y, más tarde, con la guerra en Ucrania, ha venido a complicar el escenario. El repunte del IPC y el coste del diésel han hecho saltar todas las alarmas en Hacienda. Como resultado, los operativos se han intensificado en las comarcas de interior, desde Lugo hasta Ourense, pasando por las zonas agrícolas de A Coruña y Pontevedra.

Impacto económico y la respuesta institucional

El impacto económico de este tipo de fraude es significativo. Se estima que el contrabando y el uso indebido de carburantes bonificados cuestan a las arcas públicas millones de euros cada año en el noroeste peninsular. Es un dinero que deja de financiarse a servicios sociales, infraestructuras o sanidad.

La respuesta institucional ha sido endurecer las penas y mejorar la colaboración entre administraciones. El Ministerio de Hacienda ha reforzado la presencia de inspectores y técnicos en Galicia. Se trata de disuadir con el ejemplo y de cortar de raíz prácticas que se habían normalizado.

Sin embargo, el problema sigue latente. La tentación es grande, especialmente en momentos de incertidumbre económica. La modernización de las gasolineras, con sistemas más seguros y trazables, es otra herramienta en esta batalla. Pero la clave, coinciden los expertos, está en la prevención y en la concienciación ciudadana.

El caso de Mallorca puede ser un punto de inflexión. Un recordatorio de que las trampas al fisco, al final, salen caras. Y de que en la comunidad gallega, por muchos rincones escondidos que ofrezca la terra, la ley llega a todas partes.