La alcaldesa de Barreiros, contra las cuerdas: su duro reto judicial

La gestión de una orden de demolición puede convertirse en una pesadilla burocrática y judicial. En el municipio lucense de Barreiros, esta pesadilla estuvo a punto de tener consecuencias penales para su alcaldesa, quien se enfrentó a la amenaza de una imputación por un delito de desobediencia grave al haber retrasado la ejecución de un derribo en la zona de Lóngara. El pulso entre la administración local y el juzgado expone las contradicciones de un sistema que exige cumplir la ley sin ofrecer alternativas a los afectados.

El origen del conflicto

Todo comenzó con una sentencia firme que ordenaba la demolición de varias viviendas situadas frente a la playa de Lóngara. La Xunta de Galicia, en el año 2017, instó a que se ejecutara el fallo, incluso después de que el caso hubiera sido archivado de forma provisional. La administración autonómica argumentó que no existía causa legal o material que impidiera el derribo. Este movimiento reactivó el procedimiento y colocó al Concello en una situación jurídica comprometida, obligándolo a retomar un expediente que parecía haber quedado en vía muerta.

Lejos de acatar inmediatamente la orden, el gobierno local optó por estudiar el expediente en profundidad. La complejidad del caso requería un análisis técnico y jurídico detallado, así como la exploración de posibles vías alternativas al derribo puro y duro. Esta demora en la ejecución, sin embargo, no pasó desapercibida para el juzgado, que comenzó a mostrar impaciencia ante la falta de avances.

La estrategia de la negociación

La regidora mostró desde el principio una clara empatía hacia los propietarios de las viviendas. Lejos de aplicar la ley de forma automática, su equipo se embarcó en un proceso de diálogo y negociación. Se celebraron reuniones y se buscó asesoramiento para entender hasta dónde llegaba la capacidad de actuación del Concello ante una orden judicial tan tajante. El objetivo era evitar un desalojo forzoso y explorar una solución pactada que satisficiera, en la medida de lo posible, a ambas partes.

Esta postura, aunque defendible desde el punto de vista social, chocaba frontalmente con la exigencia judicial de un cumplimiento inmediato e íntegro de la sentencia. Los requerimientos del tribunal se sucedieron, instando al Concello a informar de las medidas concretas adoptadas para proceder al derribo. El margen para la negociación, en el plano estrictamente procesal, era prácticamente inexistente.

La advertencia del juzgado

La situación dio un giro radical cuando el juzgado, al constatar la falta de avances, decidió endurecer su postura. En un nuevo requerimiento, la comunicación ya no se limitaba a pedir explicaciones. En esta ocasión, se advertía directamente a la alcaldesa de que su actuación podría ser constitutiva de un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. La sombra de la imputación penal se cernió de forma tangible sobre el consistorio.

Hubo que esperar hasta 2022, cuando los afectados dieron un paso formal al dirigirse al juzgado, para que la presión judicial se moderase temporalmente. El escrito que presentaron sirvió para reabrir el diálogo, aunque la amenaza de la imputación ya había quedado registrada como un aviso muy serio. La alcaldesa logró esquivar la acusación directa, pero el expediente judicial dejó claro que la paciencia del tribunal tenía un límite infranqueable.