El plan de la Xunta para urbanizar 12.000 metros de suelo del Sagrado Corazón que ahora están a monte y construir 1.265 viviendas a partir de 2028 está encontrando contestación vecinal, sobre todo del entorno, porque, más allá de que consideren desproporcionada la urbanización y crean que los servicios de la zona no están preparados para recibir a esa población, temen al perfil de esta.

La razón es que la Xunta ha explicado que el 80% de los pisos serán de promoción pública, una definición que a veces se asimila con las conocidas como viviendas sociales, destinadas a personas de rentas muy bajas que, en ocasiones, tienen asociadas otro tipo de problemáticas. Sin embargo, de ese 80%, ese tipo de vivienda protegida de promoción pública alcanzará el 20%. El resto (60%) será vivienda de protección autonómica, que también tendrá precios de venta tasados y requisitos de acceso vinculados a la renta.

No obstante, para estas, la renta mínima que se exige para los candidatos es bastante superior. "Podrán acceder personas que tengan ingresos hasta 6,5 veces Iprem, que para una familia de tres miembros son algo más de 68.000 euros anuales", explica la consellería de Vivenda. 

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El Iprem es un indicador de renta que está fijado en 8.400 euros anuales. El año pasado, la Xunta modificó los límites y los tramos del Iprem, debido al aumento del salario mínimo, para favorecer el acceso de más personas a este tipo de viviendas.

A mayores de ese 80% de vivienda cuyo precio y acceso estarán regulados, habrá un 20% de vivienda libre.

El proyecto de interés autonómico (PAI) del Sagrado Corazón es uno de los que la Xunta tiene en marcha en cerca de una docena de ciudades y localidades gallegas para agilizar la construcción de vivienda, dada la escasez y la carestía que hay de esta.

La Xunta diseña la urbanización del suelo y lo expropia para después sacarlo a subasta entre promotores y constructores. Es una figura nueva y más ágil, que además se ha completado con otras, como la regulación para poder aumentar la proporción de vivienda protegida.

El PAI de Lugo es el más avanzado. Se aprobó de forma inicial y se expuso al público para alegaciones. Se recibieron 32, 28 a título individual y cuatro de entidades, como Adega, la asociación Gatos Roxos y la federación vecinal Lucus Augusti. Temen el impacto urbanístico y social dada la dimensión del proyecto. También el Concello pide cambios, como que la Xunta renuncie a ese incremento de la edificabilidad, lo que supondría entre 150 y 200 viviendas menos.

La Xunta apostó en esta legislatura por construir miles de viviendas en Galicia y buscó bolsas de suelo en las ciudades. En Lugo fue de la mano del Concello, primero con Paula Alvarellos como alcaldesa y después con Miguel Fernández y su equipo. Este ve la iniciativa de la Xunta "coherente" con el plan de vivienda municipal, pero pide que se atenga a la edificabilidad que el PXOM recoge para esta zona, refuerce de la red viaria y reubique las zonas verdes. 

El sector a urbanizar está en una zona próxima a los polígonos industriales, al Hula, a la intermodal y a vías de comunicación. Es una zona envejecida y con pocos servicios.

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