Ione Belarra, secretaria general de Podemos, afirmó este miércoles en Valladolid que las palabras del expresidente José María Aznar sobre el conflicto en Irán son de tal gravedad que, a su juicio, merecen privación de libertad. La dirigente se pronunció tras las manifestaciones públicas de Aznar sobre la conveniencia de cambiar regímenes que, según él, vulneran las reglas internacionales. Belarra hizo estas declaraciones durante un acto en la capital castellanoleonesa en el que también participó el candidato regional del partido.

Las afirmaciones de Aznar, presidente de la fundación FAES, se produjeron en los días posteriores al inicio de la escalada bélica en Oriente Próximo, cuyo episodio más reciente se remonta al 28 de febrero, según responsables políticos que citan ataques aéreos. En ese contexto, Aznar defendió la legitimidad de intervenir contra gobiernos que, a su juicio, suponen una amenaza para la seguridad global y desconocen el derecho internacional. Sus palabras han reavivado la polémica sobre la postura de figuras conservadoras respecto al uso de la fuerza y han provocado reacciones inmediatas desde la izquierda.

En una entrevista concedida en Televisión Española, Belarra calificó las declaraciones como una incitación peligrosa que traspasa límites políticos y penales. La secretaria general reprochó que un exjefe del Ejecutivo haga llamados que, en su opinión, suponen dar carta blanca a prácticas que atentan contra el derecho internacional humanitario. Por eso mantenía que ese tipo de mensajes, emitidos por alguien con la influencia pública de Aznar, deberían tener consecuencias judiciales.

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Belarra aprovechó la intervención para reclamar que el Gobierno haga algo más que pronunciamientos y convierta la oposición a la guerra en medidas concretas. Recordó las propuestas que Podemos agrupa en su denominado «plan anti Trump», que incluyen la nacionalización de Repsol, la creación de un banco público y la intervención sobre ciertos fondos inmobiliarios. La dirigente defendió que la política exterior y las decisiones sobre presencia militar en territorio español deben traducirse en actos normativos y no quedarse en retórica.

Otra de las reivindicaciones que volvió a poner sobre la mesa fue la retirada de tropas y el cierre de bases norteamericanas en España, una vieja demanda de su formación que cobra intensidad ante la posibilidad de que esas instalaciones sean utilizadas en operaciones contra Irán. Belarra expresó su rechazo a que el país sirva de plataforma logística para acciones bélicas y exigió al Ejecutivo medidas inmediatas para impedirlo. Sus palabras subrayaron la preocupación de los suyos por la implicación de España en tensiones internacionales.

La secretaria general también aludió a la condenable oleada de amenazas recibidas por políticos de izquierdas y a la reciente detención de dos hombres que enviaron centenares de mensajes intimidatorios. Belarra enmarcó esos ataques en una estrategia destinada a expulsar a mujeres progresistas del debate público y acusó a las autoridades de no haber actuado con la suficiente contundencia hasta ahora. Señaló, además, la responsabilidad de los poderes judiciales y de las fuerzas de seguridad en hacer frente a esa impunidad percibida por las víctimas.

En su intervención la dirigente morada vinculó el aumento del discurso de odio a la financiación de medios de corte ultraconservador y a la conducta de partidos de la derecha, a los que responsabilizó de alentar un clima enrarecido. Aludió de forma genérica al papel que juegan formaciones como el PP y Vox en esa dinámica sin entrar en confrontaciones personales concretas, y reclamó regulaciones que limiten la difusión de mensajes que promuevan la violencia. La polémica se produce en un momento de alta polarización política que complica el consenso en materia de seguridad y libertad de expresión.

Por el momento no constan iniciativas judiciales abiertas contra Aznar por estas manifestaciones, y la reacción política se mantiene en el campo de la acusación pública y la demanda de responsabilidad ética. La discusión sobre hasta dónde llega la libertad de expresión de exresponsables institucionales y cuándo sus palabras pueden ser susceptibles de reproche penal seguirá en los próximos días en las instituciones y en los tribunales de la opinión pública. Mientras tanto, las fuerzas políticas se preparan para explotar el episodio como argumento en la campaña que ya se vive con intensidad en varias regiones.