La fecha límite es este 30 de junio. Hasta ese día, la Administración central ha habilitado un proceso extraordinario de regularización para personas extranjeras que pretenden legalizar su situación en España. En Galicia, las estimaciones apuntan a que entre 10.000 y 12.000 personas conseguirán resolver su estatus antes de que se cierre el plazo. La cifra habla por sí sola. Y las comisarías, que ya vivieron escenas de saturación hace apenas dos meses, se preparan para un nuevo episodio de aglomeraciones.
Una carrera contra el reloj
No es un trámite cualquiera. Quien haya pisado una comisaría en las últimas semanas sabe perfectamente de lo que hablamos. Las colas se reproducen, las citas escasean y los funcionarios trabajan al límite de su capacidad para procesar un volumen de expedientes que supera con creces el ritmo habitual. El sistema, concebido para una carga de trabajo muy inferior, no da abasto.
El problema no es nuevo ni tampoco es la primera vez que se denuncia. Cada vez que el Gobierno abre una ventana de regularización extraordinaria, se replica el mismo patrón: miles de personas intentando acceder a un servicio que no está dimensionado para absorber esa demanda en unas pocas semanas. La pregunta es por qué se sigue repitiendo un esquema que genera tanto sufrimiento e ineficiencia. Demasiado tiempo sin respuesta.
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Conoce más →El precedente de abril en Madrid
Basta con mirar atrás. El pasado mes de abril, las imágenes de largas colas frente a comisarías de la capital española recorrieron todos los medios. Personas aguardando durante horas, durmiendo en las inmediaciones de los edificios oficiales para no perder su turno. Familias enteras con documentación en mano esperando una oportunidad que se esfuma con cada día que pasa.
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Ver planes de hosting →A nadie se le escapa que un proceso de regularización extraordinario genera picos de demanda imposibles de asumir con la plantilla disponible. Las comisarías no están pensadas para tramitar miles de expedientes en cuestión de días. Y sin embargo, se convoca la medida, se fija una fecha de cierre y se lanza a la población a una carrera burocrática donde no todos llegarán a la meta.
El volumen gallego: 10.000 a 12.000 expedientes
Conviene detenerse en la magnitud del dato. Entre 10.000 y 12.000 personas en Galicia. Esa es la estimación que manejan las previsiones a un día del cierre del plazo. Una cifra que, en términos proporcionales, representa un porcentaje significativo de la población inmigrante residente en la comunidad gallega.
No es menor el dato. Detrás de cada expediente hay una persona que trabaja, que reside, que consume y que contribuye al tejido social y económico de municipios donde la despoblación es una amenaza constante. En pueblos de Ourense y Lugo, por ejemplo, el peso de la población extranjera en sectores como la agricultura, el cuidado de personas mayores o la hostelería es una realidad que nadie cuestiona seriamente. La regularización no es un favor ni una concesión graciable. Es un instrumento legal que reconoce hechos y los enmarca dentro de la ley.
El cuello de botella administrativo
Difícil entender por qué se siguen repitiendo los mismos problemas. El proceso de regularización exige comparecencia presencial en las dependencias policiales para la toma de huellas dactilares y la verificación documental. Ese requisito, aparentemente sencillo, se transforma en un obstáculo insuperable cuando miles de personas coinciden en el mismo trámite dentro de una ventana temporal tan estrecha.
Conviene recordar que las comisarías gallegas ya arrastran carencias de personal y de recursos técnicos que el día a día disimula pero no resuelve. La situación de la oficina de extranjería en A Coruña, los retrasos habituales en Vigo o las dificultades de acceso en provincias del interior son cuestiones que cualquier abogado especializado en extranjería conoce de primera mano. Lo que ocurre con los pro
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