El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó este viernes en una entrevista en RNE que el Ejecutivo contempla reducir impuestos sobre la electricidad dentro de un paquete de medidas diseñado para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, pero descartó extender esas rebajas al sector alimentario. La declaración, recogida por Servimedia, sitúa la intervención del Gobierno en un intento por mitigar el encarecimiento de la energía sin afectar la tributación sobre los productos básicos. Cuerpo también negó que se vaya a repetir la medida aplicada durante la guerra de Ucrania sobre los combustibles.

El ministro explicó que el Ejecutivo trabaja con premura en un conjunto de iniciativas que podrían incluir alivios fiscales en la factura eléctrica, aunque subrayó que esas medidas se articularán dentro de límites presupuestarios y con criterios de focalización. No precisó el alcance ni la duración de las reducciones impositivas, y evitó fijar una fecha definitiva para su aprobación. La entrevista aclaró que, por el momento, la alimentación queda fuera de las exenciones fiscales planteadas.

Sobre los carburantes, Cuerpo descartó la reimplantación de la rebaja de 20 céntimos por litro que el Ejecutivo aplicó con anterioridad en respuesta a la guerra en Ucrania, una medida que supuso un alivio directo en el bolsillo de los conductores. Aun así, el ministro aseguró que el Gobierno introducirá mecanismos para minimizar el efecto del encarecimiento de los combustibles, especialmente en colectivos y sectores con alta dependencia del diésel. Entre los destinatarios de esas ayudas mencionó expresamente actividades como la agricultura, la pesca y el transporte.

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La decisión de excluir la alimentación de las rebajas fiscales obedece, según fuentes gubernamentales citadas indirectamente por el propio Cuerpo, a la voluntad de priorizar instrumentos con mayor impacto sobre la factura energética y a la necesidad de preservar márgenes presupuestarios ante un escenario de incertidumbre. El Ejecutivo busca un equilibrio entre dar respuesta inmediata a la subida de precios y mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas, un mensaje que ha repetido en distintas ocasiones ante perturbaciones internacionales.

En el ámbito territorial, la posible limitación de costes energéticos tiene especial relevancia para comunidades como Galicia, donde el sector pesquero y el agroalimentario afrontan costes de combustible que condicionan su viabilidad y competitividad. Organizaciones del sector ya han manifestado en otras ocasiones su preocupación por la volatilidad de los precios y por las consecuencias directas en costes operativos y en el abastecimiento local.

Preguntado sobre si las medidas se aprobarán en el próximo Consejo de Ministros, el ministro no ofreció una respuesta categórica y se limitó a afirmar que el Gobierno avanza «lo más rápido que puede» para instrumentarlas con la mayor celeridad posible. Esa ambigüedad deja abierta la posibilidad de que algunas iniciativas lleguen a la convocatoria del martes, aunque otras opciones podrían necesitar más tiempo de articulación técnica y negociación interna.

El anuncio vuelve a situar en el centro del debate público la estrategia del Ejecutivo para proteger a hogares y empresas frente a choques externos, combinando intervenciones puntuales con medidas sectoriales dirigidas. Aunque la política energética suele requerir acuerdos supranacionales y coordinación con la Unión Europea en determinados ámbitos, la iniciativa del Gobierno se presenta como una respuesta nacional orientada a amortiguar efectos inmediatos.

La decisión de no tocar la fiscalidad sobre la alimentación podrá generar críticas desde la oposición y desde colectivos sociales que reclaman apoyos directos para los consumidores más vulnerables. El Ejecutivo, por su parte, promete que las medidas incluirán mecanismos de apoyo selectivo para los sectores más afectados y que las próximas decisiones serán comunicadas en los canales oficiales cuando estén cerradas. En Galicia, como en el resto del país, se seguirá con atención la evolución de las propuestas y su traducción en ayudas concretas para empresas y hogares.