La deuda comercial del Ayuntamiento de Ourense con sus proveedores ha alcanzado los 32 millones de euros, según las cifras correspondientes al mes de mayo. El periodo medio de pago se ha disparado por encima de los cien días, triplicando con creces el límite legal de treinta días fijado por la normativa estatal contra la morosidad. La ciudad termal refuerza así su condición de municipio más endeudado comercialmente por habitante de toda España.
De 83 días a más de cien en un solo salto
Difícil encontrar una imagen más elocuente del atasco administrativo que sufren las arcas de la ciudad de Las Burgas. Los datos más recientes, correspondientes a mayo, confirman un deterioro acelerado de la situación financiera del gobierno local: el periodo medio de pago global a proveedores saltó desde los 83 días que se registraban en balances anteriores hasta superar la barrera de los cien. Un vuelco brusco. Un empeoramiento que no admite lecturas optimistas.
La ley estatal de lucha contra la morosidad en las administraciones públicas marca con claridad meridiana que el plazo máximo para abonar facturas pendientes es de treinta días. El Concello de Ourense triplica con holgura ese techo legal. Y no se trata de un fenómeno puntual ni de un bache pasajero en la tesorería: es la consolidación de una tendencia que ya venía apuntada en los datos de abril, cuando la ciudad ya aparecía como la más endeudada del Estado en términos comerciales por habitante.
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Conoce más →No parece casualidad. A nadie se le escapa que cuando un ayuntamiento tarda más de tres meses en saldar lo que debe, el coste lo asume alguien ajeno a la administración: el proveedor que encadena pagos a sus trabajadores, el autónomo que anticipa el IVA de una factura que todavía no ha cobrado, la pequeña empresa que ve cómo su liquidez se evapora esperando transferencias que no llegan.
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Conviene recordar la magnitud de lo que significa encabezar el endeudamiento comercial por habitante de toda España. No es un dato menor. Ourense, con poco más de cien mil habitantes, se sitúa por delante de municipios mucho más poblados y con presupuestos infinitamente superiores. La cifra habla por sí sola.
La deuda con proveedores ha trepado hasta esos 32 millones de euros que arroja el balance del mes de mayo, una cantidad que hay que poner en perspectiva con el tamaño del municipio. En ciudades de mayor población y capacidad presupuestaria, esa cifra podría diluirse estadísticamente; en Ourense, se convierte en un lastre directo sobre el tejido empresarial de la comarca, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que dependen de la puntualidad de los pagos públicos para sostener su actividad.
Quien trabaja habitualmente con la administración local lo sabe bien: la factura pendiente no es solo un asiento contable. Es un compromiso incumplido que genera un efecto dominó difícil de frenar. El fontanero que reparó una avería en un equipamiento municipal, la empresa de limpieza que presta sus servicios en dependencias públicas, el proveedor de material que abastece a los servicios técnicos: todos forman parte de esa larga cola de acreedores que aguarda su turno frente a una tesorería permanentemente exprimida.
La deuda financiera también trepa sin freno
Al volumen de deudas comerciales se suma otro problema no menos inquietante. La deuda financiera del Concello también sigue una trayectoria claramente ascendente, según los mismos informes que ahora revelan el deterioro de los plazos de pago a proveedores. Es decir, no solo se debe más a quienes han prestado servicios o suministrado bienes al ayuntamiento: también crece la deuda con entidades de crédito y otros organismos financieros.
Es una combinación especialmente preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas. La deuda comercial presiona al corto plazo, asfixia la relación
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