El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró este jueves en Vilalba (Lugo) que la resolución del Tribunal Supremo que confirma la titularidad estatal del Pazo de Meirás es «un ejercicio de justicia». La afirmación se produjo tras conocerse la confirmación de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, en un proceso promovido por el Estado y con la participación de la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación provincial. El fallo, dictado por unanimidad, no sólo reconoce la propiedad pública del inmueble, sino que también avala el derecho de la familia Franco a ser indemnizada.

El Supremo desestimó todos los recursos presentados contra la sentencia anterior, ratificando así la tesis del Estado sobre la naturaleza pública del pazo situado en Sada (A Coruña). La causa llegó hasta la máxima instancia judicial después de años de litigio y de numerosas movilizaciones ciudadanas que reclamaban la devolución del inmueble. El veredicto supone, según sus impulsores, el cierre de una etapa legal y el inicio de los trámites para la entrega efectiva del bien a la Administración.

Para Pedro Blanco, la decisión judicial pone fin a una disputa que afecta al patrimonio común: «Es de todos los gallegos y gallegas y de todos los españoles», subrayó, enmarcando el fallo en un ejercicio de democracia y de reparación histórica. El delegado apeló a la memoria colectiva al recalcar que el reconocimiento del pazo como bien público forma parte de la reivindicación de derechos y de la restitución simbólica que pedían asociaciones y colectivos memorialistas.

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En la escena política autonómica, la portavoz del BNG, Ana Pontón, celebró la resolución como una victoria para Galicia y para la memoria democrática, aunque expresó su rechazo a que el tribunal haya ratificado el derecho a una indemnización para la familia Franco. Otros portavoces, como el que encabeza la Xunta y dirigentes municipales, reclamaron respetar la sentencia y avanzar en los pasos administrativos necesarios para la recepción del inmueble por parte del Estado.

El ministro de Memoria Democrática valoró la resolución en términos similares y afirmó que devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público supone «restituir a lo público lo que público era». En la práctica, el pronunciamiento del Supremo abre la vía para que se concreten las medidas de gestión, conservación y apertura al público del enclave, cuyo acceso ya genera interés: fuentes municipales apuntan a centenares de solicitudes para visitar sus jardines desde que se anunciaron pasos en este sentido.

El Pazo de Meirás, conocido por su vinculación con la dictadura de Francisco Franco y situado en el municipio de Sada, ha sido objeto de una larga controversia jurídica y social. Durante años, colectivos memorialistas y diversas administraciones reclamaron su devolución al patrimonio público, argumentando que su adquisición y disfrute tuvieron origen en mecanismos vinculados al poder del régimen. El litigio, por tanto, ha combinado aspectos patrimoniales, legales y de memoria histórica.

Legalmente, la confirmación de la titularidad estatal incorpora la complejidad añadida del reconocimiento de una indemnización a favor de los herederos de Franco, una cuestión que, según expertos consultados, deberá cuantificarse en los próximos trámites administrativos o ante los tribunales si hay discrepancias sobre la cuantía. Además, la unanimidad del tribunal refuerza la firmeza del fallo y reduce las opciones de recursos, aunque no elimina por completo futuros procedimientos contenciosos sobre aspectos accesorios.

El Ejecutivo estatal ha señalado su intención de proceder a la devolución formal del pazo y definir un proyecto de gestión pública que preserve el inmueble y garantice el acceso ciudadano, en línea con las declaraciones del ministerio. Para muchos de los involucrados, la sentencia representa el cierre de un largo proceso judicial y una respuesta a las movilizaciones que en Galicia exigieron la restitución del bien como paso hacia la reparación de la memoria democrática. Ahora falta por ver el calendario y las fórmulas concretas para incorporar Meirás al patrimonio estatal y materializar su uso público.