El escándalo de Madrid pone el foco en las residencias: así son los protocolos en Galicia

El derrumbe de un sistema que ya crujía por los bordes. Eso es lo que ha vuelto a poner sobre la mesa el caso de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, donde un informe reciente ha destapado prácticas irregulares en centros dependientes de la administración autonómica: listas de espera eternas para plazas públicas, falta de personal en turnos clave y filtración de datos sensibles de residentes. Pero si algo ha dejado claro este nuevo escándalo es que, en España, la atención a nuestros mayores sigue siendo un espejo roto donde cada comunidad refleja su propia imagen de dignidad… o de abandono.

Galicia mira al espejo y ajusta el foco

Lo cierto es que aquí, en nuestra tierra, la herida de la pandemia sigue abierta. Según datos de la Consellería de Sanidade, durante los meses más duros de la COVID-19, Galicia registró un 12 % de mortalidad en residencias, tres veces más que la media nacional, una cifra que no se explica solo por la virulencia del virus. Las causas se extendían desde la saturación de los centros hasta la falta de protocolos claros en las primeras semanas, pasando por la sensación de desamparo que vivieron muchas familias al no poder despedirse de sus seres queridos.

Tres años después, Galicia ha intentado reparar ese daño con un cambio de rumbo que pasa por tres ejes: más control sanitario, menos improvisación y, sobre todo, la idea de que una residencia debe ser un hogar, no un almacén de personas. En 2022, la Xunta aprobó el Plan de Calidad para Residencias de Mayores, que incluía auditorías sorpresa en el 100 % de los centros y la obligatoriedad de tener un médico de cabecera asignado a cada uno. «No podemos permitir que vuelva a pasar lo de 2020», admitió en una rueda de prensa la entonces conselleira de Sanidade, que ahora prefiere mantener el anonimato por temor a «revictimizar» a las familias.

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«En Galicia hay voluntad política, pero también hay que reconocer que el modelo tradicional de residencia está agotado. Necesitamos más plazas en la red pública y menos dependencia de los grandes grupos privados.» — Médico geriatra del CHUAC y miembro del sindicato Sanidade Galega

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El día a día: ¿mejoras reales o parches?

Ahora bien, si uno recorre los pasillos de un centro de mayores en Ourense, Lugo o A Coruña, la sensación es agridulce. Por un lado, hay más presencia de enfermeros y terapeutas que en 2019, y los protocolos de prevención —como los test semanales de COVID o las mascarillas en zonas comunes— siguen vigentes como si la pandemia nunca hubiera terminado. El 68 % de las residencias gallegas ha contratado al menos un geriatra en los últimos dos años, algo impensable antes de 2020.

Pero de puertas afuera, los problemas persisten. El sindicato CIG denunció el pasado mes de junio que un tercio de los centros de la comunidad incumplían la ratio mínima de personal, especialmente en turnos de noche. «Si antes había un cuidador para 20 residentes, ahora hay uno para 15, pero en las noches sigue habiendo uno solo para 30», explica una trabajadora de una residencia de Pontevedra que prefiere ocultar su nombre por miedo a represalias. Lo peor, dice, es que «los protocolos existen, pero si no hay gente para aplicarlos, de nada sirven».

Otro punto negro es la morriña que muchos mayores sienten al ser ingresados. Galicia, con su cultura de la familia extensa y las casas llenas de generaciones bajo el mismo techo, sufre especialmente este desarraigo. Para paliarlo, algunas residencias han introducido medidas como las «noches de familia», donde los hijos o nietos pueden dormir en la habitación del residente, o los talleres de memoria con canciones en gallego. «Aquí al menos hablan en nuestra lengua, y eso para un ourensano de 85 años es un consuelo», cuenta una hija de un residente en un centro de Ourense.

Pero no todo es nostalgia. Galicia también avanza en innovación: el programa «Vivir en Casa», que permite a mayores con dependencia leve vivir en su domicilio con apoyos, ha reducido un 15 % la lista de espera para plazas residenciales en dos años. Y en ciudades como Vigo o Santiago, algunos centros han adoptado el modelo de «pueblos intergeneracionales», donde los mayores conviven en apartamentos con jóvenes estudiantes a cambio de ayuda mutua.

Lo cierto es que, comparado con otras comunidades, Galicia ha dado pasos firmes, pero insuficientes. Mientras Madrid se ahoga en escándalos y Cataluña prioriza la privatización, aquí se intenta un equilibrio entre lo público y lo privado, aunque con resultados desiguales. El último informe de la Defensoría del Pueblo gallego señalaba que el 40 % de las residencias aún no cumple con los estándares de accesibilidad en baños y habitaciones, un detalle que para una persona con movilidad reducida puede marcar la diferencia entre la dignidad y el abandono.

El reto, ahora, es no caer en la autocomplacencia. Como dijo un familiar de una víctima de la pandemia en una residencia de Lugo: «Aquí no ha habido juicios ni dimisiones, pero el dolor sigue igual». Y en Galicia, donde la tierra y la familia lo son todo, ese dolor merece más que protocolos en un cajón.

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