El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordaron este miércoles, 11 de marzo de 2026, intensificar la vigilancia sobre las gasolineras y los mercados de la electricidad y el gas en España para prevenir posibles abusos. El compromiso, cerrado en Madrid durante una reunión entre representantes del Ejecutivo y el regulador, busca responder a la fuerte volatilidad de precios derivada de la crisis en Oriente Medio. La medida persigue asegurar la transparencia en la formación de los precios que pagan los consumidores y detectar prácticas que puedan distorsionar los mercados.

En el encuentro participaron la vicepresidenta y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que acordaron reforzar la coordinación entre ambas instituciones. Entre las novedades figura el envío diario de datos detallados por parte de la CNMC al Gobierno y el aumento de la frecuencia de publicación de informes sobre carburantes, que pasarán a difundirse semanalmente en lugar de mensualmente. El objetivo es disponer de información más inmediata para reaccionar ante movimientos bruscos de precios.

La CNMC, que ya realiza un seguimiento habitual de electricidad, gas y combustibles, ha decidido además dar mayor visibilidad pública a su labor de supervisión como respuesta a la situación de alta incertidumbre en los mercados energéticos. Ese flujo informativo diario incluye actualizaciones sobre precios mayoristas y minoristas, márgenes comerciales y otros indicadores que permiten seguir la evolución del sector. La intención declarada es actuar con rapidez si se detectan indicios de comportamientos irregulares o prácticas que vulneren la competencia.

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En materia de carburantes, el regulador elevará la periodicidad de sus informes sobre las más de 12.000 gasolineras que operan en España para ofrecer un seguimiento semanal de los precios y sus variaciones. Además, la CNMC remitirá al Ejecutivo datos actualizados sobre los precios de la electricidad y del gas, detallando la evolución de referencias mayoristas y minoristas. Este mayor detallado pretende facilitar análisis más finos sobre la formación de precios y los posibles desajustes entre los costes de aprovisionamiento y los precios al consumidor.

El refuerzo de la vigilancia llega en un momento en el que los mercados energéticos están especialmente sensibles por la convulsión geopolítica en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, según fuentes oficiales. Esa tensión ha incrementado la volatilidad de los precios y ha elevando la preocupación tanto de consumidores como de los responsables públicos, por lo que el Gobierno ha considerado necesario reforzar la colaboración con el regulador. El Ejecutivo subraya la necesidad de proteger a los hogares y a las empresas de subidas indebidas y de prácticas especulativas.

Además del intercambio con el Ministerio de Economía y el de Transición Ecológica, la CNMC mantendrá una coordinación estrecha con los operadores de mercado eléctrico y gasista, OMIE y MIBGAS respectivamente, para compartir información y monitorizar transacciones. Ese trabajo conjunto permitirá identificar con más rapidez comportamientos atípicos en el mercado, como subidas sincronizadas de precios o señales de colusión. En su papel sancionador, la CNMC puede abrir investigaciones y, si procede, imponer medidas correctoras o sanciones administrativas.

Para los consumidores, el aumento de la transparencia y la frecuencia informativa pretende traducirse en una mayor capacidad de reacción por parte de las autoridades y en una presión disuasoria sobre posibles prácticas abusivas. Fuentes del regulador señalan que disponer de datos diarios facilita la detección de anomalías y reduce el margen para actuaciones que perjudiquen a compradores minoristas. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que estas herramientas deben coexistir con señales de mercado que permitan la inversión y el suministro seguro de energía.

La medida también responde a la presión política y social por el encarecimiento de la energía y a la demanda de mayor control sobre cadenas de comercialización que, según algunos analistas, pueden trasladar incrementos de coste de forma ineficiente. Gobierno y CNMC han coincidido en que la vigilancia reforzada es una herramienta preventiva y que, si se confirman irregularidades, se adoptarán las actuaciones legales pertinentes. Ambos han comprometido además mantener actualizada a la ciudadanía sobre la evolución de los mercados y las actuaciones emprendidas para garantizar su correcto funcionamiento.