El Supremo allana el camino para que las transportistas gallegas recuperen lo pagado por un tributo declarado ilegal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un fallo que podría tener consecuencias millonarias para el sector del transporte en Galicia y en el conjunto de España. La decisión judicial abre una vía para que las empresas afectadas reclamen la devolución de las cantidades abonadas en concepto de un impuesto sobre hidrocarburos que ya fue declarado contrario al derecho comunitario.

La sentencia, conocida esta semana, no solo reconoce el derecho de varias compañías a iniciar el proceso de reclamación, sino que además obliga a la Administración tributaria a pronunciarse sobre la posible responsabilidad patrimonial del Estado por haber mantenido durante años un gravamen que vulneraba la normativa europea. Se trata de un paso más en el largo y complejo camino que emprenden los contribuyentes cuando un tributo es invalidado por los tribunales.

Un precedente que marca el camino

El caso guarda similitudes con otras batallas fiscales que han tenido lugar en España durante la última década. Quizá el ejemplo más conocido sea el del denominado «céntimo sanitario», aquel impuesto sobre los hidrocarburos que durante años gravaron algunas comunidades autónomas y que finalmente fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquel proceso, que se prolongó durante años, terminó generando una cascada de reclamaciones y devoluciones que en algunos casos aún no se han resuelto por completo.

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Otro tanto ocurrió con la plusvalía municipal, el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten. El Tribunal Constitucional anuló parte de su regulación, y desde entonces los ayuntamientos han tenido que adaptar su normativa mientras los contribuyentes reclamaban lo indebidamente pagado. En ambos casos, el denominador común ha sido la lentitud de los procesos y la resistencia de las administraciones a devolver lo recaudado.

El impacto en el sector del transporte

Para las empresas de transporte gallegas, esta decisión del Supremo representa un rayo de esperanza en un contexto económico especialmente complicado. El sector lleva años arrastrando márgenes muy ajustados, con el precio del combustible como uno de los principales lastres para la rentabilidad. Cualquier devolución de impuestos pagados indebidamente podría suponer un alivio significativo para las cuentas de muchas compañías, especialmente las de menor tamaño.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas advierten de que el proceso dista mucho de estar resuelto. La sentencia del Supremo se limita a reconocer la posibilidad de reclamar, pero no establece automáticamente el derecho a la devolución. Será necesario que cada empresa presente su caso, demuestre que efectivamente soportó la carga del tributo y espere la resolución de la Administración. Y si esta es negativa, el camino judicial puede prolongarse durante años.

La responsabilidad patrimonial del Estado

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión del Supremo es que ordena al fisco evaluar la posible responsabilidad patrimonial del Estado. Este es un punto clave, porque si se reconoce que el Estado actuó de forma incorrecta al mantener un impuesto ilegal, las empresas no solo podrían recuperar lo pagado, sino también reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Este planteamiento no es nuevo en el derecho español. De hecho, el Tribunal Supremo ya ha reconocido en otras ocasiones la responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando una norma ha causado un perjuicio a los ciudadanos y posteriormente ha sido declarada contraria al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la aplicación de este principio al ámbito tributario ha sido tradicionalmente complicada, porque los tribunales suelen exigir requisitos muy estrictos para admitir este tipo de reclamaciones.

Un laberinto judicial que puede d