Galicia afronta el reparto de menores sin el blindaje de Cataluña y el País Vasco

**Es la única de las tres comunidades históricas cuyos principales partidos no niegan la acogida, pero reclama al Gobierno una distribución justa y más fondos.**

La crisis migratoria vuelve a poner a prueba el sistema de acogida español. Y Galicia, una vez más, se sitúa en una posición incómoda. Mientras Cataluña y el País Vasco lograron esquivar el primer gran reparto de menores aprobado por el Gobierno en 2025 gracias a los entresijos del sistema de cálculo, la comunidad gallega asumió su parte. Ahora, con la avalancha en Ceuta como telón de fondo —entre 8.000 y 11.000 personas irregulares, más de 1.300 de ellas menores—, el debate se reabre. Y la pregunta flota en el aire: ¿volverá Galicia a quedarse sola?

Un blindaje que no es tal

Conviene recordar cómo se llegó hasta aquí. El Real Decreto 2/2025, de 18 de marzo, estableció un mecanismo de reparto obligatorio para aliviar la presión sobre Canarias, Ceuta y Melilla. Pero el sistema de cálculo incluía variables que, en la práctica, eximieron a Cataluña y al País Vasco de recibir menores en aquella primera oleada. Un resultado que no pasó desapercibido en Santiago de Compostela, donde el malestar fue evidente.

Lo cierto es que el mecanismo no garantiza ahora el mismo desenlace. Pero los factores que facilitaron aquella exención siguen vigentes. Y eso, a nadie se le escapa, genera un agravio comparativo difícil de digerir en una comunidad que nunca cerró la puerta a la acogida.

Galicia es, de hecho, la única de las tres comunidades históricas cuyos principales partidos no niegan la recepción de menores. Nadie en la política gallega ha planteado una negativa frontal. Lo que se reclama desde las distintas fuerzas es algo bien distinto: una distribución justa y, sobre todo, más fondos para afrontar una responsabilidad que no debería recaer de manera desproporcionada sobre unas pocas administraciones.

La cifra que condiciona todo

Los datos de Ceuta son contundentes. Entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular permanecen en la ciudad autónoma. Más de 1.300 son menores. Cifras que superan con creces la capacidad de acogida de la ciudad y que obligan al Gobierno central a activar un nuevo reparto.

La pregunta es cuándo y cómo. Si no se alcanza un acuerdo político previo, el sistema de cálculo del Real Decreto volverá a aplicarse de forma automática. Y ahí está la clave: nadie sabe con certeza si ese mecanismo volverá a liberar a Cataluña y al País Vasco de la acogida. Pero los precedentes invitan a la cautela.

No parece casualidad que las comunidades que más ruido político hicieron en su momento fueran precisamente las que resultaron exentas. La presión funcionó. Y el ejemplo ha calado en otras administraciones que ahora observan con atención cómo se desarrolla el proceso.

La posición gallega

En Galicia, el discurso es otro. Los principales partidos han evitado el tono confrontativo que se escucha en otros territorios. No hay amenazas de incumplimiento ni declaraciones incendiarias. Pero sí hay una exigencia clara: que el reparto sea equitativo y que venga acompañado de recursos económicos suficientes.

La comunidad ya acogió su parte en el reparto anterior. Los centros de menores de la comunidad, que ya funcionaban con limitaciones de espacio y personal, tuvieron que hacer un esfuerzo adicional. Ahora, con un nuevo reparto sobre la mesa, la preocupación crece. No por la solidaridad, que se da por descontada, sino por la capacidad real de absorción.

A nadie se le escapa que Galicia tiene una demografía envejecida y una dispersión poblacional que encarece cualquier servicio. Atender a menores migrantes no es solo darles un techo. Es escolarización, atención sanitaria, formación profesional, apoyo psicológico. Todo eso cuesta dinero. Y el dinero, en este caso, no parece estar garantizado.

Un sistema con costuras

El mecanismo de reparto nació con vocación de permanencia. Pero su aplicación práctica ha demostrado que las costuras