Galicia solo tiene una plaza pública de residencia por cada 45 universitarios

# Galicia: La crisis silenciosa del alojamiento universitario

El curso académico se abre con un dato que debería encender todas las alarmas. Las residencias universitarias de gestión pública en Galicia apenas rozan la superficie de la necesidad real. Un ratio que roza el absurdo: una plaza por cada 45 estudiantes. Mientras la comunidad autonómica respira, miles de jóvenes se enfrentan a una encrucijada: renunciar a la experiencia universitaria o buscar alternativas cada vez más lejanas o costosas.

Santiago de Compostela ofrece una cama por cada 24 alumnos, una cifra que, si bien mejora el panorama general, sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda real. Pero si nos desplazamos al norte, el mapa se tiñe de una realidad más cruda. A Coruña se sitúa en el extremo opuesto, con una plaza por cada 135 universitarios. Una brecha abismal que revela no solo una distribución desigual, sino un modelo de asentamiento estudiantil al borde del colapso.

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El mapa de plazas no es uniforme. Mientras la capital gallega gestiona un ratio que, por desgracia, sigue siendo pobre, otras áreas se quedan fuera del cálculo oficial. Vigo, por ejemplo, queda al margen porque sus residencias responden a un modelo de gestión privada. Una salvedad que complica aún más el diagnóstico global: estamos ante un mapa fragmentado donde la pública es una excepción y la privada, la norma.

Este desequilibrio tiene nombre y apellidos, y es la consecuencia directa de décadas de desinversión. Las plazas públicas, diseñadas históricamente para garantizar el acceso a la educación superior independientemente de la situación económica, se han quedado atrás. La expansión del parque universitario, con nuevos grados y centros adscritos a diferentes localidades, ha ido creciendo a un ritmo que la infraestructura de alojamiento no ha sabido acompañar.

El resultado es un mercado de alquiler estudiantil tensionado hasta el límite. Quienes no acceden a una plaza pública se ven abocados al mercado privado, donde los precios han disparado el costo de la vida estudiantil. Un joven que antes destinaba parte de sus recursos al ocio o al ahorro, ahora destina buena parte simplemente a tener un techo. Esta presión económica no solo afecta al bolsillo, sino que condiciona la libertad de elección: el estudiante ya no elige dónde estudiar por criterios académicos o personales, sino por dónde le cabe el presupuesto.

El caso coruñés es especialmente sintomático. Que una ciudad con la envergadura y la actividad universitaria de A Coruña ofrezca una plaza por cada 135 alumnos denota una dejación de responsabilidades que trasciende la mera gestión de plazas. Habla de una planificación urbanística y educativa que no ha sido capaz de anticipar el crecimiento demográfico y académico de las últimas décadas. Es el resultado de dejar que el mercado, por sí solo, determine quién tiene acceso a la educación y quién no.

Más allá de las cifras, hay una cuestión de justicia social. El modelo actual traslada la responsabilidad del alojamiento del Estado a las familias y al mercado. Esto crea una brecha entre aquellos que pueden permitirse residencias privadas o viviendas de alquiler en zonas céntricas y aquellos que no. La residencia universitaria pública no es un lujo, es un pilar de igualdad real. Sin ella, la distancia geográfica y el poder adquisitivo marcan la diferencia entre poder cursar un grado o tener que renunciar a él.

El reto esmayor que simplemente aumentar el número de camas. Requiere una reordenación del mapa residencial, sí, pero también una apuesta decidida por la planificación territorial. Las universidades y la Xunta deben dejar de actuar como islas separadas y empezar a coordinar una oferta que cubra toda la geografía gallega de manera equilibrada. No puede ser que la solución dependa de si te toca nacer en Santiago o en A Coruña.

El curso comienza y con él la tradición de las listas de espera, de las llamadas desesperadas a agencias de pisos y de las mudanzas last-minute. Pero este año, el dato es contundente: el problema no es coyuntural, es estructural. Galicia está ante la oportunidad histórica de corregir una deuda histórica con sus estudiantes. O seguiremos contando las plazas como si fueran entradas de cine, y no el derecho fundamental a una educación superior accesible para quien quiera construirse un futuro aquí.

Información adelantada en exclusiva por La Voz de Galicia.

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