¿Cuánto cuesta que un puñado de empresas acuerde a puerta cerrada el precio de un producto básico durante casi dos décadas? En Galicia tienen una respuesta aproximada: alrededor de 153 millones de euros. Y el Gobierno autonómico ha decidido que ya es hora de intentar recuperarlos.
El Ejecutivo gallego ha puesto en marcha la contratación de asesoramiento jurídico especializado con un objetivo claro: reclamar en sede judicial las cantidades que, según sus cálculos, la Administración pagó de más por los absorbentes para adultos adquiridos durante los años en que estuvo activo el conocido como cártel de los pañales. La cifra podría incluso quedarse corta, ya que entre las tareas encomendadas al equipo legal estará precisamente fijar con precisión cuál fue el perjuicio real.
Un esquema que operó durante diecisiete años
Las dimensiones del caso explican la reacción institucional. Entre diciembre de 1996 y enero de 2014, ocho compañías del sector —con cerca del 95% del mercado en su poder— coordinaron junto a la patronal Fenin los precios de venta a los mayoristas de pañales para adultos. El sobrecoste se trasladó, en última instancia, a las arcas públicas y a quienes dependen de estos productos sanitarios.
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Conoce más →La respuesta de la autoridad de competencia llegó en 2016: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a las implicadas con multas que ascendieron a 128,8 millones de euros. Ocho años más tarde, en 2024, el Tribunal Supremo dio firmeza a aquellas sanciones, despejando el camino para que las comunidades autónomas que actuaron como compradoras durante esos años pudieran reclamar daños y perjuicios.
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El Gobierno gallego tiene documentado un gasto de al menos 141 millones de euros en el periodo 2004-2014, el tramo mejor registrado. El problema está en la primera década: reconstruir documentalmente los pagos efectuados entre 1996 y 2004, y cuantificar el daño de aquellos ejercicios, es una de las misiones más complejas que asumirá el servicio jurídico contratado. No se trata solo de litigar, sino de peritar.
El caso gallego se inscribe en una dinámica más amplia: la firma de la sentencia del Supremo ha abierto la puerta a que distintas administraciones públicas de todo el país emprendan acciones similares contra la trama. Galicia, con la reclamación más ambiciosa en cifras absolutas que se conocen hasta ahora, marca el listón.
Más allá de la recuperación económica
Más allá del importe en juego —una cantidad nada desdeñable para unas cuentas públicas sometidas a presión constante—, el expediente tiene un valor simbólico relevante. Los pañales para adultos son un producto asociado a la dependencia y la sanidad pública, y la idea de que su precio se manipuló de forma concertada durante casi diecisiete años explica el tono de firmeza con el que el presidente Alfonso Rueda anunció el acuerdo del Consello, subrayando el sobrecoste que la trama supuso para la comunidad.
Que la Administración persiga activamente este tipo de compensaciones envía además un mensaje al mercado: los acuerdos colusorios no terminan necesariamente con el pago de una multa; el perjuicio causado puede perseguirse años después, cuando las resoluciones son firmes.
Lo que viene ahora
El contrato de asistencia jurídica es el primer paso de un proceso judicial que, por volumen documental y complejidad técnica, se prevé largo. Determinar con rigor el daño —tarea encomendada expresamente a los letrados— condicionará cuánto puede reclamarse realmente y con qué probabilidades de éxito.
En cualquier caso, Galicia ha tomado una decisión poco habitual hasta hace pocos años: convertir una sanción de competencia en firme en el punto de partida de una batalla por el reembolso íntegro de lo pagado de más. El resultado dirá mucho sobre la capacidad de las administraciones públicas para defenderse cuando el fraude se consuma.
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