Una mujer de 87 años en la calle por orden de un juzgado. La imagen ha dado la vuelta a las redes sociales y a los informativos, y el nombre de la empresa gestionadora del inmueble, Urbagestion, lleva días copando búsquedas en internet. Lo cierto es que, más allá del caso concreto, lo que ha saltado a la conversación pública es algo más profundo: la creciente vulnerabilidad de las personas muy mayores en el mercado del alquiler, un problema que en Galicia tiene tintes especialmente graves.
El caso que ha encendido la polémica se remonta a un desahucio ordenado tras el impago de la renta en una vivienda gestionada por la citada compañía. Los servicios sociales intentaron paralizar el lanzamiento alegando la edad avanzada de la inquilina y su situación de fragilidad, pero la orden se ejecutó. Ahora bien, lo que en otras comunidades sería una noticia dolorosa pero puntual, aquí se lee con una lupa distinta.
La Galicia más envejecida se enfrenta a su propia crisis del alquiler
Cabe recordar que Galicia es una de las comunidades más envejecidas de España: casi el 30 % de su población supera los 65 años, siete puntos por encima de la media nacional. En algunas comarcas del interior, uno de cada tres vecinos tiene más de 65. Ese dato, que muchas veces se usa en debates demográficos abstractos, se vuelve carne cuando aparece un desahucio como el de esta semana.
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Ver en Hotels.com → PublicidadDe hecho, los servicios sociales municipales de Vigo, A Coruña o Santiago atienden cada año decenas de casos de mayores que pierden su vivienda de alquiler, ya sea por impago, por fines de contrato para reformar el piso o por la simple voluntad del propietario de sacar más rentabilidad. Las cifras de lanzamientos judiciales en la comunidad rondan los 2.000 anuales, y aunque la mayoría afecta a familias, el perfil del inquilino mayor de 80 años vive solo es cada vez más frecuente en los expedientes.
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Ver planes de email →La retranca gallega de aguantar sin pedir ayuda juega aquí en contra. Muchos mayores evitan acudir a los servicios sociales por vergüenza o por desconocimiento, y solo cuando la situación es insostenible aparece el problema sobre la mesa. Cuando lo hace, las alternativas son escasas: las plazas de vivienda protegida para mayores son limitadas y las listas de espera de vivienda pública en las tres principales ciudades superan con holgura la demanda real.
«Un desahucio a los 87 años no es solo perder una casa; es perder el barrio, el médico de cabecera y, muchas veces, la voluntad de vivir», explica una trabajadora social de un servicio municipal gallego.
¿Qué protección tiene un mayor que enfrenta un desahucio?
Ahora bien, no todo son malas noticias. La normativa de arrendamientos urbanos prevé la prórroga extraordinaria de hasta cinco años para mayores de 65 años en contratos de vivienda habitual, y la Ley de Vivienda de 2023 reforzó algunos mecanismos. Además, cuando se trata de lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad, los juzgados deben comunicarlo a los servicios sociales antes de ejecutar la orden.
El problema, señalan los colectivos de asesoría jurídica, está en la práctica: las suspensiones dependen de que el ayuntamiento de turno actúe rápido y de que existan recursos disponibles. En municipios pequeños, donde vive buena parte de la población mayor gallega, esos servicios brillan por su ausencia o funcionan con una sola persona para todo el concello.
El caso de Urbagestion ha servido, al menos, para abrir una conversación necesaria. Asociaciones de mayores y plataformas por la vivienda piden protocolos específicos para lanzamientos de personas mayores de 80 años, algo similar a lo que existe con familias con menores a cargo. La Xunta, por su parte, ha anunciado que revisará los programas de emergencia habitacional, aunque sin detalles concretos por el momento.
Mientras tanto, en algún punto de esta terra, una anciana recoge sus cosas antes de dejar la casa donde vivió décadas. La crisis del alquiler, que tanto se habla de jóvenes que no pueden emanciparse, tiene también esta otra cara, más callada y menos visible. Y en Galicia, donde envejecer es la norma y no la excepción, ignorarla sería un error de cálculo enorme.
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