La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha convertido en el centro de una tormenta institucional que, aunque se dirime en Madrid, tiene consecuencias muy tangibles en los juzgados de la terra. La tensión entre el Gobierno y el órgano de gobierno de los jueces escaló este mes con el bloqueo de nombramientos y la polémica por el reparto de vocalías en la futura composición del organismo, y lo cierto es que Galicia no sale nada parada de este cruce de fuego.
El detonante inmediato fue el anuncio del Ejecutivo de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de designación de las vocalías del Consejo. Desde el PP, que controla el órgano con la mayoría salida de la renovación de 2024, se habla de una «agresión a la independencia judicial». Desde el Gobierno se replica que se trata de democratizar un órgano закalado en la dinámica de las «mayorías de extenuación». En medio, Perelló intenta sostener la institucionalidad con declaraciones cada vez más tensas.
Los nombramientos bloqueados que golpean a Galicia
Ahora bien, más allá del rifirrafe político, hay un problema práctico que afecta directamente al día a día de los gallegos que litigan. El Consejo lleva meses sin poder completar una lista de nombramientos judiciales —presidencias de salas, magistraturas y puestos en tribunales superiores— porque el Gobierno los entiende bloqueados hasta que se despeje la reforma. De hecho, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene vacantes de dificultad de cobertura que llevan años sin resolver.
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Conoce más →«Cada nombramiento demorado no es un problema de Madrid: es una sala cerrada, una vista aplazada, una sentencia que tarda más. Y eso lo paga el ciudadano que esperaba su juicio», resume un letrado de la Administración de Justicia de A Coruña.
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Cabe recordar que los juzgados gallegos arrastran desde la pospandemia una sobrecarga de asuntos pendientes superior a la media estatal en algunos órdenes, especialmente en lo civil y lo penal de provincia. Si a eso le sumamos la falta de refuerzos en plazas clave como Vigo, Lugo o Ourense, el resultado es una Justicia que avanza a pasitos cortos mientras las partes esperan. La plantilla funcionarial, de hecho, vive con desconcierto la batalla: los traslados y la promoción interna dependen de que el Consejo funcione con normalidad.
El reparto de vocalías, la batalla de fondo
El trasfondo de todo es cómo se repartirá el pastel en el próximo Consejo. La propuesta gubernamental pretende ajustar el número y origen de las vocalías, y desde la objeción judicial se interpreta como un intento de restar peso a la opción conservadora antes de la renovación de 2028. Perelló ha defendido que cualquier cambio pase por un consenso amplio entre los grupos parlamentarios, no por una reforma en solitario, aunque sus críticos dentro del propio Consejo le reprochan demasiada moderación frente al Gobierno.
En Galicia, donde la política judicial ya generó fricciones por la presidencia del TSXG y por la demora en cubrir magistraturas, el asunto se sigue con lupa. Los colegios judiciales de las cuatro provincias han señalado en repetidas ocasiones que la plantilla de Galicia cuenta con menos jueces por habitante que la media europea, una cifra que ronda los once por cada cien mil habitantes, muy lejos del promedio comunitario, cercano al veintiuno. No es morriña lo que sienten los operadores jurídicos, es hastío.
Qué esperar en los próximos meses
El escenario previsible es de prolongación del pulso. La reforma deberá pasar por el Congreso, donde el Gobierno carece de mayoría suficiente y necesitará apoyos, por lo que las negociaciones pueden alargarse. Mientras tanto, los juzgados gallegos seguirán con lo puesto, y la plantilla sostendrá el edificio como pueda. Un juez decano de la comunidad lo resumía así esta semana: «No pedimos que se pongan de acuerdo en todo; pedimos que dejen de usar la Justicia como trinchera».
Para el ciudadano de a pie, la lección es sencilla: cuando las instituciones se enzarzan, el reloj de la justicia gallega se frena. Y los aplazamientos, como sabe quien ha pasado por un juzgado, no se cobran en titulares sino en años de espera.
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