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Las divisiones internas del CGPJ frenan nombramientos clave en la Audiencia Provincial de Galicia

Las divisiones internas del CGPJ frenan nombramientos clave en la Audiencia Provincial de Galicia

La eterna renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial vuelve a pasar factura, y esta vez el peaje se paga también en la terra. Mientras en Madrid las vicepresidencias del órgano de gobierno de los jueces se reparten a empujones y sin acuerdo desde hace meses, en Galicia se acumulan vacantes en audiencias provinciales y juzgados que nadie cubre. Un problema lejano, dirán algunos. Lo cierto es que aquí abajo, entre expedientes acumulados y plazas sin ocupar, la cosa se nota bastante.

Un Consejo bloqueado que gobierna por inercia

El CGPJ lleva años funcionando a regañadientes tras expirar su mandato, una situación anómala que ya ninguna otra democracia europea tolera con tanta naturalidad. Ahora bien, el bloqueo no es solo político: dentro del propio Consejo, las tensiones entre los vocales de las distintas asociaciones judiciales han endurecido las mayorías necesarias para sacar adelante nombramientos de altos cargos y de presidentes de tribunales. El resultado es un organigrama judicial con más agujeros que un queso de Arzúa.

De hecho, los nombramientos de presidentes de audiencias provinciales y de magistrados para determinadas salas requieren mayorías cualificadas en el Consejo. Con los nervios a flor de piel entre los vocales, esas mayorías simplemente no llegan. Y cuando no llegan, las vacantes se alargan, los interinos encadenan meses —a veces años— cubriendo funciones para las que no fueron designados, y la justicia, que ya no va sobrada de recursos, pierde músculo.

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Galicia, con juzgados saturados y sillas vacías

La comunidad cuenta con cuatro audiencias provinciales: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. En varias de ellas, y en su Ministerio Fiscal, la falta de nombramientos estables se ha convertido en un lastre recurrente. Cabe recordar que los juzgados gallegos figuran habitualmente por encima de la media estatal en asuntos pendientes por juzgado, en buena medida por el peso de la oralidad civil, la violencia de género y una litigiosidad laboral nada despreciable en las comarcas industriales de Ferrolterra y el área atlántica.

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A esto se suma un problema estructural que los propios jueces gallegos llevan tiempo denunciando: la dificultad para atraer y retener plazas en zonas del interior. Que un juzgado de A Fonsagrada o de Verín permanezca meses sin titular no es un caso aislado, sino casi la norma en determinados partidos judiciales rurales. Y sin bloqueo alguno en Madrid, ya cuesta; con el Consejo en modo tormenta interna, todo se agrava.

«Cada vacante sin cubrir son meses de demora para los ciudadanos. Aquí no discutimos de política judicial: hablamos de gente que espera una sentencia, un divorcio, una herencia», lamenta un letrado de la Administración de Justicia de una audiencia gallega.

Ese diagnóstico coincide con el de los sindicatos judiciales, que insisten en que las plantillas interinas, aunque entregadas, trabajan sin la proyección ni la estabilidad necesarias para planificar a medio plazo. Morriña organizativa, podrían llamarlo: la sensación de que el sistema funciona, sí, pero siempre a la espera de que algo alguien decida algo en Madrid.

¿Y ahora qué?

El pronóstico no es especialmente optimista. Mientras las fuerzas políticas no alcanzan el acuerdo de dos tercios necesario para renovar el órgano, y mientras los vocales siguen midiendo músculo entre colegios, los nombramientos que requieren consenso seguirán atascados. Para Galicia eso significa, en la práctica, presidencias de sala en funciones, cuerpos de secretaría judiciales al límite y plazos de vista que se estiran más de la cuenta.

Ahora bien, no todo es dramatismo. Las audiencias gallegas han demostrado capacidad de resistencia, y profesionales de contrastada solvencia sostienen el día a día con oficio y retranca. Pero resistir no es lo mismo que funcionar bien. La pregunta que debería incomodar a quienes gobiernan la justicia desde la capital del Reino es sencilla: ¿por qué un vecino de Ourense tiene que esperar más porque dos bandos de vocales no se ponen de acuerdo a cuatrocientos kilómetros de su casa? La respuesta, por desgracia, sigue sin llegar.

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.

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