La macrocausa de las residencias reabre en Madrid: qué pasa con las residencias de mayores en Galicia y las reclamaciones de las familias

Madrid vuelve a ser el centro de atención judicial por lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. La Audiencia Provincial ha reactivado la que se considera una de las macrocausas más importantes de España, con decenas de titulares de centros investigados por la gestión del coronavirus entre los muros de sus instalaciones. Y lo cierto es que, a casi mil kilómetros de la capital, en Galicia muchos se miran en ese espejo con una mezcla de rabia y esperanza.

La causa madrileña investiga lo que ocurrió en la primavera de 2020, cuando los contagios se desbordaron en las residencias y murieron miles de personas sin que, en muchos casos, se les hiciera una prueba PCR o se les trasladara a un hospital. Ahora bien, el proceso avanza con una lentitud que desespera a las familias, que llevan años esperando explicaciones sobre por qué se priorizó, según denuncian, no colapsar los hospitales antes que proteger a los más frágiles.

El eco gallego de una tragedia compartida

Galicia no fue ajena a aquella emergencia. La comunidad cuenta con más de 40.000 plazas residenciales para mayores, la mayoría concertadas o gestionadas por empresas privadas que dependen de fondos públicos. Durante los primeros meses de la pandemia, la Xunta fue severamente criticada por las directrices sanitarias aplicadas en los centros, en concreto por la instrucción de limitar traslados de residentes a hospitales, una polémica muy parecida a la que hoy juzga la Audiencia madrileña.

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De hecho, varias asociaciones de familias gallegas mantienen denuncias activas y exigen responsabilidades tanto a las empresas concesionarias como a la Administración. Ellos no piden solo justicia penal; reclaman también transparencia sobre los conciertos, ratios de personal y protocolos que, según dicen, siguen sin estar claros años después. Es la retranca de quien no se resigna a que se archive todo en un cajón.

«Lo que pasó en Madrid nos duele porque aquí vivimos lo mismo, solo que sin cámara. Nuestras madres y padres también murieron aislados, sin prueba, sin médico. Queremos que alguien responda», asegura un portavoz de una de las plataformas de familiares de la comunidad.

Privatización y precariedad, el trasfondo que no cambia

El segundo frente es el modelo. En Galicia, la privatización de la atención residencial ha generado un debate recurrente: una parte importante de las plazas concertadas depende de empresas privadas, con salarios devaluados tras el recorte de los conciertos en 2012 y una alta temporalidad entre las cuidadoras. Cabe recordar que las profesionales del sector fueron de las más castigadas por la pandemia, con contagios que en algunos centros afectaron a más de la mitad de la plantilla.

Sindicatos y plataformas vecinales llevan años advirtiendo de que la precariedad estructural del sector fue un factor de riesgo en 2020 y que poco ha cambiado desde entonces. La ola de calor de este verano, con alertas activadas en varias residencias gallegas, ha vuelto a poner sobre la mesa las carencias de climatización y de personal en la terra, donde el envejecimiento poblacional hace que una parte considerable de los mayores viva lejos de sus familias por la emigración de sus hijos.

Mientras en Madrid la justicia empieza a desgranar responsabilidades, aquí el proceso judicial gallego sobre los protocolos de la pandemia sigue su curso con cuentagotas. Los familiares que perdieron a alguien en las residencias aguardan, con esa morriña agridulce de quien sabe que el tiempo corre en contra. Lo que se decida en la capital puede, de hecho, sentar precedente y marcar el camino de las reclamaciones en el resto del país.

Porque si algo demuestra la macrocausa madrileña es que las questions pendientes de la pandemia no se cierran solas. Y en Galicia, donde cada familia tiene a alguien que pasó por una residencia, esa lección se entiende mejor que en ningún otro sitio.

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