La escalada de precios del carburante derivada de la tensión geopolítica en torno a Irán comienza a notarse en las cofradías y en los mercados de las rías: en las últimas semanas varios barcos de O Grove tuvieron que amarrar durante días y la flota menor reorganiza sus jornadas para gastar menos gasóleo. Al mismo tiempo, el agro y la ganadería alertan de que no podrán sostener por mucho tiempo el coste de piensos, fertilizantes y transporte sin repercutirlo en el precio final.

La situación en el mar

La pesca de bajura y la de cerco han sido las primeras en acusar el impacto. El gasóleo para uso marítimo se ha encarecido de forma abrupta: mientras en las estaciones convencionales el diésel de automoción ronda ya los dos euros por litro, el diésel agrícola se ha disparado un 24% en diez días, hasta situarse en torno a 1,50 euros por litro en algunas lonjas y puntos de suministro, cifras que los armadores califican de insostenibles.

El combustible representa alrededor del 40% del coste operativo de muchos buques, según fuentes del sector. Con esa presión sobre la cuenta de explotación, no es extraño que patrones y propietarios hayan apostado por recortar kilómetros: se rehacen las pautas de faena para evitar travesías largas, se priorizan caladeros próximos y, en casos concretos, se limitan las salidas a las jornadas con previsión de mayor captación. La consecuencia inmediata es menor oferta para las lonjas y, aunque hoy el pescado puede aparecer aún “barato” en la Plaza de Abastos de Pontevedra, los márgenes se estrechan día a día.

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«Si esto sigue así, no salimos a faenar», dice un patrón de cerco de O Grove que prefirió mantener el anonimato. «El gasóleo se come la mitad de lo que ingresamos; ya hemos tenido que amarrar días completos».

La decisión de no salir a faenar es, en realidad, el último recurso. En puertos con mayor calado industrial—Vigo y Marín—las armadoras estudian ayudas internas y ajustes en la logística para sostener la actividad. Pero la presión es doble: el encarecimiento del combustible se suma al aumento de costes en redes, hielo, embalaje y transporte, todos ellos influidos por la crisis energética global y los ataques a instalaciones petrolíferas que han tensionado el mercado.

El campo y la industria en tensión

Fuera del mar las consecuencias también están a la vista. Los productores agrarios describen una ecuación que se ha vuelto insostenible: piensos más caros, fertilizantes a precios disparados y costes de transporte que elevan la factura final. Las organizaciones agrarias advierten de que la falta de suministro o el encarecimiento continuado podrían derivar en una reducción de la producción local, una noticia que pondría presión sobre el abastecimiento y los precios en Galicia, comunidad con una fuerte vocación agrícola y ganadera.

La industria agroalimentaria, por su parte, observa con preocupación la doble penuria de costes y demanda. Un encarecimiento generalizado de la energía y de los insumos reduce el margen de las empresas conserveras y de transformación, muchas de ellas con plantas en la provincia de Pontevedra, y podría forzar ajustes en la producción o en la plantilla si la situación se prolonga. Cabe recordar que la cadena de valor gallega depende en buena medida del transporte por carretera y del acceso a materias primas importadas, lo que la hace sensible a las fluctuaciones del precio del crudo.

En el lado del consumo, la inflación acumulada ya ha tenido efectos: desde 2020 los precios al consumo se han incrementado alrededor de un 30% en determinados capítulos, y el poder adquisitivo de las familias se ha reducido en cerca de 13 puntos porcentuales. Esa erosión limita el margen para que la subida de costes se traslade íntegramente al bolsillo del ciudadano, lo que a su vez amenaza con frenar la demanda y agravar la situación de empresas y productores.

Medidas y pronósticos económicos

En respuesta a la crisis, el Gobierno anunció la liberación de reservas estratégicas: 11,5 millones de barriles destinados a aliviar la presión sobre los precios, una cantidad que equivale, según los cálculos oficiales, a 12,3 días de consumo nacional. A falta de confirmación sobre los criterios de distribución y el impacto real de la medida, desde los sectores productivos se mira con escepticismo; la liberación puede servir para calmar el mercado en el corto plazo, pero no resuelve problemas estructurales como la dependencia de combustibles fósiles y la fragilidad de las cadenas logísticas.

En el plano financiero, la subida de los precios energéticos alimenta el riesgo de un nuevo episodio inflacionista que podría llevar a los bancos centrales a endurecer la política monetaria. En Bruselas ya se habla de la posibilidad de mayores tipos de interés, una medida que encarecería el crédito y castigaría inversiones en un momento en que empresas y autónomos necesitan financiación para adaptarse. El decreto que el Ejecutivo prevé aprobar estos días se observa, por tanto, con expectación; los agentes económicos reclaman soluciones específicas para los sectores vulnerables, entre ellos la pesca y la agricultura.

La duración del conflicto y de sus efectos sobre la energía será determinante. Si la tensión se mantiene, la combinación de precios altos, crédito más caro y caída de la demanda podría empujar a recortes de producción y empleo en sectores clave de la economía gallega. Si, por el contrario, la volatilidad remite con rapidez, las medidas extraordinarias y los ajustes internos de empresas y flotas podrían permitir capear el temporal.

De momento, las rías vuelven a recordar viejos episodios de crisis en los que la supervivencia del sector dependió tanto de la solidaridad local como de la intervención pública. La voz de los puertos y de los mercados —desde la lonja hasta la Plaza de Abastos de Pontevedra— será clave en las próximas semanas para calibrar hasta qué punto la pesca y el campo gallegos resisten este nuevo embate y qué tipo de medidas resultan realmente eficaces.