La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, afirmó este miércoles que se está llevando a cabo una investigación judicial «seria» y activa sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, donde fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas. Tárrago pidió tranquilidad a la ciudadanía al recalcar que hay un equipo de profesionales trabajando para esclarecer los hechos y que el procedimiento no se está ralentizando. Las declaraciones se produjeron en Jaén, tras un encuentro con periodistas al que asistió para informar sobre el avance de las diligencias. La fiscal subrayó que el objetivo es garantizar la investigación hasta sus últimas consecuencias.

Según explicó, las actuaciones judiciales se renuevan día a día y se practican diligencias que, por su naturaleza, no siempre pueden ser explicadas públicamente para no perjudicar la instrucción. Añadió que el fiscal encargado impulsa activamente el proceso y que el juzgado está atendiendo las peticiones que se plantean desde la acusación pública. Tárrago insistió en la necesidad de preservar la operatividad de la investigación y evitar filtraciones que puedan entorpecer la labor técnica y forense. La fiscal también advirtió que el ruido mediático no debe trasladarse al procedimiento judicial.

Entre las medidas adoptadas figura el acceso a las cajas negras de los trenes, que han sido solicitadas por la Fiscalía y están siendo tramitadas por la autoridad judicial competente. Tárrago señaló que se ha pedido toda la información técnica disponible y que se están recibiendo informes periciales que permitan reconstruir las causas del siniestro. La recuperación y análisis de datos de los sistemas del material ferroviario constituye una de las piezas clave para determinar responsabilidades. El proceso de extracción y estudio de esa información se realiza con el auxilio de peritos especializados.

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La Fiscalía también solicitó un informe independiente además de las actuaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y otras periciales oficiales. Para ello se nombró a tres peritos ingenieros de caminos que han realizado un peritaje adicional encargado por el Ministerio Fiscal, según indicó Tárrago. La incorporación de estos expertos persigue aportar una visión técnica complementaria y reforzar la solidez de las conclusiones que puedan derivarse del procedimiento. Todas las peticiones periciales solicitadas por la Fiscalía han sido admitidas y se están desarrollando en paralelo.

La fiscal relató que acudió a la zona cero del siniestro la mañana siguiente junto al fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, y que posteriormente se desplazaron a la Ciudad de la Justicia donde se instaló el centro de identificación de los cadáveres. En ese operativo se constató, dijo, una colaboración intensa entre forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad y el juzgado competente, que realizaron un trabajo «excepcional» en condiciones complejas. La coordinación de estos equipos fue determinante para la correcta identificación de las víctimas y para la recogida de pruebas iniciales. Tárrago destacó la profesionalidad de quienes intervinieron en las primeras horas.

Sobre la polémica generada a raíz de la retirada de algunas piezas del lugar del siniestro por parte de Adif sin una autorización judicial expresa, la fiscal explicó que se le informó de que dichas actuaciones no iban a comprometer la investigación porque, según los informes técnicos, no afectaban a las piezas determinantes. No obstante, puntualizó que la jueza instructora dictó una resolución en la que se prohíbe cualquier intervención adicional sin la correspondiente autorización judicial. Esa medida busca preservar la cadena de custodia y evitar que actuaciones externas pongan en riesgo pruebas relevantes para la causa.

Tárrago añadió que en la tramitación del procedimiento participan varios fiscales, que trabajan de manera coordinada para atender las distintas líneas de investigación y las numerosas diligencias que se van ordenando. Subrayó que cada petición presentada al juzgado es debidamente comunicada al Ministerio Fiscal y que no existe ningún tipo de bloqueo administrativo para acceder a la documentación o a los elementos materiales reclamados. El ritmo de las actuaciones, explicó, responde tanto a la complejidad técnica del accidente como a la necesidad de garantizar garantías procesales.

El caso sigue abierto y con multitud de frentes por explorar: responsables técnicos, operativos y posibles fallos en la infraestructura o en la cadena de mando del servicio ferroviario. Las familias de las víctimas y la opinión pública esperan que las investigaciones arrojen conclusiones fiables y permitan depurar responsabilidades. La Fiscalía mantiene su llamado a la calma y a la confianza en que el procedimiento, según sus palabras, llegará «a buen puerto» gracias al despliegue de expertos y a la labor conjunta de los órganos judiciales y periciales implicados.