La asociación profesional IGC eligió este martes a Daniel Fernández, natural de Ourense, como nuevo presidente en la Asamblea General que celebró en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La votación, que renovó la dirección nacional de la entidad, se produjo durante un encuentro en el que los asistentes pusieron el acento en la defensa de los derechos sociolaborales de los guardias civiles. Fernández asume el cargo con el compromiso de intensificar las reclamaciones del colectivo y de trabajar por una mejor protección de las condiciones de trabajo de los agentes. La elección tuvo lugar el 11 de marzo de 2026 y reunió a representantes de distintas delegaciones territoriales.

La sesión sirvió también para perfilar las prioridades del nuevo equipo directivo y para dibujar la situación actual de la asociación, que en su intervención destacó la fuerte implantación en la provincia de Ourense. La IGC, que identifica como Independientes de la Guardia Civil, aprovechó la asamblea para actualizar su agenda reivindicativa y programar las actuaciones en el ámbito nacional. La renovación de cargos busca dar continuidad a las líneas de trabajo en materia de negociación laboral y representación sindical dentro del cuerpo. Numerosos afiliados y delegados provinciales participaron en el debate sobre los próximos pasos a seguir.

En su primera intervención como presidente, Daniel Fernández subrayó que la organización representa a más de 5.000 afiliados en todo el país, una cifra que, según dijo, otorga peso a sus demandas ante las administraciones. Fernández puso el foco en la necesidad de proteger a los agentes en su actividad diaria y de mejorar sus condiciones laborales, un aspecto que, a su juicio, repercute de forma directa en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. También expresó la voluntad de intensificar el diálogo con el Ministerio del Interior y con los responsables autonómicos para abordar cuestiones pendientes.

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Entre las reclamaciones que la IGC ha venido defendiendo figura, de manera destacada, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, una petición que el colectivo traslada al Gobierno desde hace años. La asociación considera que la declaración de riesgo supondría medidas concretas en prevención, retribución y seguridad social para los agentes. En la asamblea se destacó la necesidad de articular propuestas técnicas y jurídicas que respalden esa demanda para presentarlas en las instancias competentes. Los asistentes coincidieron en que se trata de una prioridad que condiciona otras políticas de bienestar laboral.

Además de la cuestión del riesgo profesional, la IGC puso sobre la mesa otros objetivos relativos a la jornada laboral, la conciliación y la formación específica de los efectivos. Los delegados discutieron la mejora de las condiciones en puestos con especial exposición y la adaptación de recursos materiales y humanos a la carga de trabajo real. También se planteó la revisión de protocolos administrativos para agilizar trámites laborales y disciplinarios que afectan al personal. Todas estas líneas formarán parte del programa que defenderá la nueva presidencia en los próximos meses.

La elección de Fernández se produce en un contexto de mayor atención pública hacia la seguridad y las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado; en las últimas semanas se han conocido ofertas extraordinarias de empleo para refuerzo de efectivos en distintos cuerpos. Desde la IGC esperan que esa coyuntura permita abrir canales de negociación más fluidos y obtener respuestas sobre asignaciones, recursos y políticas de prevención. No obstante, los responsables de la asociación advierten de que la interlocución debe concretarse en medidas tangibles y en plazos acordados.

Representantes del colectivo en Ourense valoraron la celebración de la asamblea en la capital provincial como una muestra del peso que la asociación tiene en la provincia, donde, según sus datos, la afiliación es especialmente numerosa. La elección de un ourensano al frente de la organización reforza, además, la visibilidad local de los problemas que afrontan los agentes en el territorio. En la jornada se intercambiaron experiencias sobre situaciones concretas en distintos cuarteles y se acordó recoger las propuestas territoriales para incorporarlas a la agenda estatal.

Con su nombramiento, Daniel Fernández asume la responsabilidad de coordinar las iniciativas de la IGC y de representar al colectivo ante las administraciones y la opinión pública. La nueva dirección ya ha anunciado que priorizará la negociación de mejoras retributivas y de seguridad, así como la elaboración de propuestas para avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo. La Asamblea General celebrada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel cerró su sesión con la intención de trabajar de forma “seria y racional”, según trasladaron representantes, para convertir las reivindicaciones en medidas efectivas para los guardias civiles.