Opacidad y privilegio: el extraño caso del alcalde que esquiva la transparencia

Aquí tienes el artículo reescrito con un enfoque completamente diferente, cumpliendo con todas las reglas anti-plagio y anti-fabricación.

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**La rendición de cuentas es el pilar de cualquier democracia local. Sin embargo, en el Concello de Ourense, la máxima autoridad municipal ha encontrado un resquicio legal que le permite eludir el escrutinio público al que se somete el resto de sus compañeros de corporación. Mientras que 26 ediles han depositado sus declaraciones de bienes en el portal de transparencia municipal, una figura clave se mantiene al margen, amparándose en una normativa pensada para circunstancias excepcionales que poco tienen que ver con la realidad actual de la ciudad.**

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La práctica, que se repite año tras año, ha vuelto a generar debate sobre los límites de la ley y la moralidad en la gestión pública. No se trata de una confusión burocrática ni de un olvido administrativo, sino de una estrategia calculada que utiliza una cláusula de seguridad histórica para blindar información que, por defecto, debería ser de acceso público.

Una ley pensada para tiempos de plomo, no para la opacidad cotidiana

Para entender la polémica, es necesario retroceder a los años más duros de la violencia terrorista en España. Durante las décadas de 1980 y 1990, numerosos cargos públicos, especialmente en el País Vasco y Navarra, vivían bajo amenaza constante. En ese contexto, la Ley de Bases del Régimen Local incorporó una excepción que permitía a los concejales y alcaldes que se sintieran en riesgo depositar su declaración de bienes en la Diputación provincial, en lugar de hacerlo en el propio ayuntamiento. El objetivo era proteger su integridad física y la de sus familias, evitando que datos sensibles cayeran en manos de organizaciones criminales.

Hoy, aquella herramienta de protección se ha transformado en un mecanismo de opacidad. Mientras que el resto de la corporación ourensana, incluidos miembros de la oposición y del propio gobierno local, cumple con la transparencia publicando sus patrimonios en la web municipal, el regidor se acoge a esta excepción para depositar sus datos en la Diputación. Allí, la información queda fuera del alcance de la consulta ciudadana directa, perdiendo toda su utilidad como herramienta de control democrático.

El club de la opacidad se queda con un solo socio

La situación resulta aún más llamativa si se analiza el contexto político. En un momento en que la transparencia se ha convertido en una exigencia social y en un requisito casi innegociable para cualquier cargo público, el alcalde de Ourense se ha convertido en una anomalía dentro de su propia institución. De los 27 miembros que componen la corporación municipal, 26 han optado por la vía de la claridad. Solo uno, el que ocupa el sillón de la alcaldía, mantiene su patrimonio bajo llave.

Esta discriminación positiva, o negativa según se mire, plantea interrogantes sobre la igualdad de trato entre los representantes públicos. ¿Por qué un alcalde puede acogerse a una medida excepcional cuando el resto de sus compañeros, que teóricamente comparten el mismo riesgo potencial, no lo hacen? La respuesta parece estar más cerca de la estrategia política que de una necesidad real de seguridad.

Un debate recurrente que abre grietas en la confianza institucional

No es la primera vez que esta circunstancia genera controversia en la ciudad. La decisión del regidor de mantener su patrimonio fuera del alcance del público se ha convertido en una tradición veraniega, coincidiendo con la publicación anual de los registros de bienes. Cada año, la misma justificación; cada año, la misma excepción. Pero lo que podría considerarse una simple anécdota burocrática se convierte en un problema de fondo cuando se analiza el mensaje que lanza a la ciudadanía.

La transparencia no es solo un requisito legal, sino un acto de confianza. Cuando un gobernante oculta información que la ley presume pública, aunque sea amparándose en un res