Ourense dice no a zona tensionada de alquiler, a contracorriente de Coruña y Santiago

El pleno del Concello ha rechazado este jueves declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una figura legal que permite limitar los precios de los alquileres y que ya está activa en A Coruña y Santiago de Compostela. La iniciativa, planteada por el BNG y respaldada por el PSOE, chocó frontalmente con el rechazo del gobierno local y del Partido Popular, que coincidieron en tachar la medida de intervencionista.

Pocas veces un debate sobre vivienda refleja con tanta crudeza la distancia entre lo que dictan los datos y lo que deciden las urnas. La sesión plenaria dejó sobre la mesa un bloqueo político que, a la postre, mantiene a Ourense fuera del mecanismo que el resto de grandes ciudades gallegas ya ha activado para frenar el encarecimiento del alquiler.

El diagnóstico del BNG: la Xunta no actuará sola

Quien defendió la propuesta fue el bloque nacionalista, partiendo de una premisa clara: la administración autonómica no tiene intención de declarar de oficio la zona tensionada, por lo que corresponde al Concello dar el primer paso y elevar la solicitud. Una concejala del grupo argumentó que encontrar vivienda digna y accesible se vuelve cada vez más difícil, y recordó que buena parte de la población ourensana simplemente no puede hacer frente a los precios actuales del mercado.

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No es menor el dato de que el procedimiento exige informes técnicos y una tramitación municipal previa. Ahí radica, precisamente, la trampa: si ningún gobierno local impulsa el expediente, la declaración nunca llega. Y sin declaración, no hay contención de precios. Demasiado cómodo para quienes prefieren mantener el statu quo.

El PSOE carga contra los retrasos en vivienda pública

El grupo socialista secundó la moción, aunque aprovechó para dejar un recado al equipo de gobierno. Una edil del PSOE lamentó que tenga que ser siempre el Concello quien tire del carro administrativo, algo que atribuyó a la lentitud estructural de los proyectos urbanísticos del PP y de la propia Xunta. En su intervención, también apuntó a la vivienda de uso turístico como uno de los focos prioritarios donde habría que intervenir.

Basta con mirar el calendario de promesas incumplidas. Los proyectos de vivienda pública anunciados para Ourense avanzan a un ritmo que difícilmente encaja con la urgencia social del momento. La queja socialista no es nueva, pero cobra peso cuando se constata que ciudades comparables ya dieron el paso hace meses.

PP y gobierno local: misma batalla, mismo discurso

El rechazo del Partido Popular no sorprendió a nadie. La formación mantiene en Ourense la misma línea que en el resto de Galicia, oponiéndose a la figura de zona tensionada por considerarla un mecanismo intervencionista que, según su tesis, restringe la oferta en lugar de expandirla. Una concejala popular llegó a citar el caso de A Coruña —donde la declaración ya está vigente— para sostener que allí la consecuencia fue una reducción del parque disponible y un nuevo repunte de precios.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del equipo de gobierno fue más allá en la descalificación. Calificó la propuesta con adjetivos como chavista e intervencionista, y vinculó la iniciativa del BNG con su apoyo parlamentario al Ejecutivo central. La correlación de fuerzas dejó una imagen nítida: PP y grupo de gobierno caminan juntos en materia de vivienda, mientras BNG y PSOE quedan aislados en una demanda que, a juzgar por lo ocurrido en A Coruña y Santiago, no parece ni extrema ni minoritaria.

Los argumentos del PP: derrogar la ley estatal

Desde el banco popular se apeló a la política autonómica como alternativa real. Se mencionaron viviendas en fase de finalización en A Cuña, el proyecto en marcha en O Vinteún y la reciente aprobación del Área Rexurbe para la rehabilitación del Casco Vello. Medidas, todas ellas, ligadas al aumento de oferta o a la recuperación de suelo edificable, pero

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