La investigación judicial que sacude los cimientos de la política española ha dado un salto de gravedad mayúscula. Un juez instructor ha dirigido sus sospechas hacia un expresidente del Gobierno, al que sitúa en el centro de una trama de presuntos sobornos. Según el auto, el exmandatario habría recibido hasta dos millones de euros a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. La noticia, adelantada por fuentes jurídicas, ha provocado un terremoto en el arco político y abre un escenario de imprevisibles consecuencias.
Lo cierto es que el documento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, no deja lugar a medias tintas. El magistrado considera que existen indicios “sólidos y concordantes” de que el expresidente pudo haber cobrado esas cantidades a través de una compleja red de intermediarios. La causa, que se sigue en un juzgado de instrucción de la capital, acumula ya decenas de miles de folios y ha requerido la colaboración de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Demasiado tiempo ha tardado en llegar hasta aquí una investigación que, según fuentes del tribunal, aún puede dar más sorpresas.
Una acusación que traspasa fronteras
No es menor el dato de que el expresidente ocupó el cargo durante dos legislaturas enteras, y que su gestión estuvo marcada por un fuerte gasto en obra pública y políticas sociales. Precisamente ese período de bonanza presupuestaria es el que ahora examinan los investigadores. Se sospecha que varias empresas beneficiadas por contratos millonarios realizaron transferencias a cuentas opacas en paraísos fiscales, cuyo beneficiario último sería el propio exjefe del Ejecutivo. A nadie se le escapa que, de confirmarse, estaríamos ante el mayor escándalo de corrupción protagonizado por un mandatario en democracia.
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Conoce más →Las pesquisas comenzaron hace más de tres años, a raíz de una denuncia presentada por un partido de la oposición. Desde entonces, el juez ha ido tejiendo una madeja de conexiones que apuntan a altos cargos de la administración de entonces. Entre los implicados figuran exministros y asesores de confianza, aunque la pieza central sigue siendo el expresidente. “Hay conversaciones telefónicas y correos electrónicos que demuestran un conocimiento directo de las operaciones”, señalan fuentes del caso. La instrucción ha requerido además la comisión rogatoria a Suiza y a otros países para rastrear el flujo del dinero.
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Hosting WordPress →Reacciones políticas: silencios y defensas
Difícil encontrar en el Congreso quien no se pronuncie sobre el asunto. El partido del exmandatario ha emitido un comunicado en el que califica las acusaciones de “infundadas y políticas”. Su portavoz parlamentario aseguró que el expresidente colabora “como siempre” con la justicia y que el auto forma parte de una campaña de desprestigio. Por el contrario, los partidos de la oposición exigen explicaciones urgentes y piden la comparecencia del actual presidente del Gobierno. “No puede mirar para otro lado”, espetó un diputado de la formación verde.
Pero más allá del ruido partidista, conviene recordar que esto es solo el comienzo de una fase procesal larga. El juez deberá decidir en los próximos meses si eleva la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dado que el aforamiento del expresidente –ahora diputado– obliga a un tratamiento especial. Mientras tanto, las redes sociales hierven con opiniones encontradas, y la calle asiste con estupefacción a un culebrón judicial que parece sacado de una serie. La credibilidad de las instituciones vuelve a estar en el ojo del huracán.
Una sombra alargada sobre Galicia
Aunque el epicentro de la trama se sitúa en Madrid, diversas ramificaciones llegan hasta Galicia. La maquinaria del caso ha requerido la declaración de un conocido constructor gallego, que según las fuentes habría actuado como intermediario en el pago de comisiones. También se investigan contratos adjudicados.
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